Industria endurece los requisitos para conceder las ayudas del Plan Reindus

La estafa perpetrada por el empresario Dávila Ouviña en las ayudas al plan de reindustrialización de la Bahía de 2011 ha estado muy presente en el programa de 2012. El Ministerio de Industria ha endurecido los requisitos para acceder a este paquete de ayudas con el fin de evitar nuevos fraudes como el cometido por Ouviña en la provincia con tres falsos proyectos empresariales y 21 millones de euros en préstamos que no han sido devueltos. Este fraude ocurrió durante la gestión de Gobierno socialista y se ha podido comprobar ahora que había serias lagunas en la canalización de las ayudas.

Desde 2009 no se requerían avales a las empresas que se beneficiaban de estos préstamos públicos. Con ello se aceleraba la concesión y se reducía, al mismo tiempo, la burocracia. Sin embargo, el fallo estaba en el sistema de evaluación que concedía «alegremente» el dinero sin reparar en la situación financiera o en la trayectoria de las empresas que lo solicitaban. Estas aportaciones se concedían previo informe de la Diputación de Cádiz, entonces en manos del PSOE.

El director general de Industria y Pymes del Ministerio, Manuel Valle, presentó ayer en San Fernando, Jerez y Algeciras el reparto de las ayudas de 2012. Un total de 231 empresas de Cádiz solicitaron acogerse a este programa especial de incentivos, pero solo 56 de la Bahía y 13 del Campo de Gibraltar, en total 69 proyectos, han superado la prueba para recibir este fondo. El Ministerio repartirá en la provincia 64,7 millones de euros, que son reembolsables. Se trata de la partida más pequeña de los últimos cinco años. El director general ha explicado que el volumen de inversión previsto por estas empresas supera los 84 millones de euros y la estimación de empleo que barajan es de 76 puestos de trabajo directos, que se pueden convertir en 500 inducidos.

Al acto de presentación en el auditorio de La Isla acudieron el alcalde de San Fernando y presidente de la Diputación, José Loaiza; el subdelegado del Gobierno, Javier de Torre; el delegado de Zona Franca, Jorge Ramos; la alcaldesa de Puerto Real, Maribel Peinado; el regidor de Chiclana, Ernesto Marín; el presidente provincial del PP, Antonio Sanz; el presidente de la Cámara de Comercio, Ángel Juan Pascual; el vicepresidente de la patronal gaditana, Javier Sánchez Rojas, así como concejales de Fomento y Empleo de varios municipios de la provincia.

El espíritu de estas ayudas no es otro que fomentar el desarrollo empresarial y la innovación. Así, las empresas que se han visto beneficiadas pertenecen a los sectores de la alimentación, la aeronáutica, caucho y plástico, química, metalúrgica y textil. El Plan Reindus nació en 2007 tras el cierre de Delphi con el objetivo de incentivar a las comarcas españolas más castigadas por crisis laborales. Este perfil lo daba tanto la Bahía de Cádiz como la zona industrial del Campo de Gibraltar. Durante estos años, casi un millar de empresas de la provincia se han beneficiado de esta corriente de ayudas.

El director general hizo especial hincapié en el sistema que ha estado vigente durante estos años para la concesión de los préstamos. Reconoce que la medida de no exigir avales a los adjudicatarios hubiera necesitado a todas luces de otras medidas complementarias para garantiza el pago de los créditos. Ante esta situación, los responsables de Industria temen que en 2014 se detecten más casos como el de Ouviña, ya que las ayudas son a cinco años y en este espacio de tiempo muchas empresas han cerrado sin liquidar sus deudas.

El responsable ministerial ha adelantado que la concesión y evaluación de los solicitantes ha variado con el fin de evitar los fraudes. En la convocatoria de 2012 ya se han puesto en marcha algunos mecanismos, pero será en 2013 cuando entren en vigor las modificaciones implantadas. Así, a finales de febrero se abrirá la ventanilla para recoger las solicitudes. De esta forma el Ministerio será muy exigente con las aportaciones de capital, las cuentas de la empresa y, la inversión prevista. Es decir, la ayuda no saldrá de las arcas públicas hasta que la empresa no haya justificado y comprometido, al menos, el 15% de la inversión prevista.