Nuevo varapalo del TSJA a la subdelegación por limitar una protesta

La resolución del pasado 28 de septiembre de la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que anulaba la decisión de la subdelegación del Gobierno de Cádiz de modificar el itinerario de una protesta programada por los empleados municipales, ha abierto la puerta para que otros colectivos que se vean en la misma situación, acudan a los tribunales con cierta garantías de ver cómo sus argumentos prosperan. Y así lo hizo Autonomía Obrera al recibir recientemente una resolución del departamento que dirige Javier de Torre, la cual introducía cambios a las movilizaciones que tienen previsto realizar este mes las limpiadoras de centros municipales.

El TSJA tacha de nuevo la resolución de la subdelegación de no ajustada a Derecho por falta de motivación, anula los argumentos esgrimidos por la Administración y autoriza a los trabajadores a que se manifiesten en los términos solicitados, según consta en el fallo de la Sección primera de la Sala de lo Contencioso, con sede en Sevilla, y a la que ha tenido acceso LA VOZ. Por segunda vez, en menos de dos semanas, la Justicia corrige una decisión de la subdelegación que afecta al derecho de reunión y la condena al pago de las costas con un límite de 1.000 euros.

Según explicó el secretario general de Autonomía Obrera, Manolo Bienvenido, el sindicato había comunicado a la autoridad la intención del colectivo de trabajadoras de la limpieza de centros municipales de concentrarse todos los martes y los jueves en la plaza San Juan de Dios ante el temor de posibles despidos. «La respuesta que obtuvimos es que las mujeres debían alejarse de la puerta del Consistorio y situarse detrás de la estatua de Moret, sin hacer ruido para, a su juicio, no alterar la convivencia ni cortar el tráfico». Dado el precedente jurídico de finales de septiembre, Autonomía Obrera recurrió la resolución gubernamental ante el TSJA, que ha vuelto a dar la razón a los trabajadores. «El actual subdelegado actúa como comisario político y aun siendo conocedor de que la concentración y la manifestación es un derecho de los ciudadanos, hace caso omiso a la Justicia y a las leyes y se presta a seguir las indicaciones del Partido Popular gaditano».