La familia de La Carabina sabía que no iba a ser desahuciada

Ya la semana pasada el delegado municipal de Vivienda, Andrés Núñez, explicaba que la familia de La Carabina, a la cual había aludido el PSOE, no iba a ser desalojada de la vivienda de VPO en la que viven sus seis miembros y que arrastran una deuda de 6.600 euros desde agosto de 2007.

Ahora, ha sido la inquilina afectada, A. G. G., quien ha desmentido que fuese víctima de un inminente desahucio (previsto para el 3 de diciembre) por parte de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda, Emsisa. Para ello, firmó ayer una declaración en la que asegura que el pasado 21 de septiembre, con motivo del juicio por falta de abono de las cuotas de su vivienda, con la letrada de Emsisa «llegó a un acuerdo para abonar las cuotas conforme a sus posibilidades de pago, informándole que no se procedería al desahucio. Que esto mismo se reiteró el 25 del mismo mes».

Además, esta familia también declaró que en ningún momento «ha autorizado al PSOE a hacer uso de esta situación ni de la documentación del proceso judicial». A quién sí señala la afectada en su comunicado es a Ramón Izquierdo, presidente de la Asociación Sociocultural Gitana Ensaye Kaló, «que le cedió la documentación porque éste le ofreció asesoramiento jurídico sin que le manifestara el Sr. Izquierdo que iba a ser usado para darle publicidad a través de los medios de comunicación».

Por su parte, Andrés Núñez reiteró que Emsisa «trabaja para conjugar la obligación de defender el patrimonio municipal con la difícil situación que están pasando algunos inquilinos de estas viviendas públicas». Por ello, se establecen acuerdos de pago con inquilinos dentro de sus posibilidades, «sin perjuicio de que tengamos que iniciar los procedimientos legales que correspondan para salvaguardar el patrimonio municipal, evitando con ello los desahucios».