Cuando el casero es el juez

Es una desgracia muy habitual. Una finca del casco antiguo de Cádiz con las paredes despellejadas. Humedades. Trozos de techos caídos con sus tétricas tripas al aire. El suelo abombado en la azotea. Grietas y vecinos que las señalan como si fueran estatuas de Colón. Una escena mil veces vista dentro de un género familiar para los gaditanos: la infravivienda. Llega la temporada de lluvias y los que las ocupan (aún por cientos) parecen encerrados en fincas que se construyeron antes de que el siglo XX cruzara su ecuador. Con el otoño, vuelven a sacar los suspiros de temor que guardaron en verano.

Los de Santo Cristo número 4 (el antiguo Hostal Canarias) son, a esos efectos, como los de cualquier otro inmueble de La Viña, San Juan, Mentidero y Santa María. Pero su caso tiene dos particularidades que lo convierten en excepcional. La primera es que la finca sólo tiene 18 años de antigüedad. Fue una de las últimas actuaciones en vivienda social que entregó Carlos Díaz Medina como alcalde.

Fue en 1994. «Cuando yo llegué a la casa la primera vez, en una Semana Santa, y me dijeron que habían conectado el agua, abrí un grifo y la pared se empapó. Se habían olvidado de sellar los empalmes de las tuberías cuando las pusieron», recuerda Paco Rodríguez Rodicio. Ese detalle habla de una obra de construcción que los 37 vecinos actuales consideran «una chapuza histórica. Se la encargaron a dos escuelas taller para ayudar a la gente en paro, pero no sabían y el resultado fue un desastre».

Hasta cucarachas

Apenas 18 años después, la finca presenta un asombroso deterioro. Toda la escalera tiene las paredes desnudas, con el cemento cayéndose. José Rodríguez, otro vecino, muestra un techo con un enorme agujero que deja ver conducciones y es un coladero de cucarachas: «Cae tanta agua que ya me ha destrozado varios aparatos y electrodomésticos. En este cuarto dormía un niño. Lo tuvimos que sacar». La azotea tiene los suelos abombados y las manchas de humedad están en casi todas las paredes del patio, a cualquier altura.

La segunda peculiaridad del caso, además de la 'juventud' del inmueble, es que el propietario es el Ayuntamiento. El edificio es de titularidad pública, del Patronato Municipal de Vivienda. Los vecinos aseguran que llevan años reclamando arreglos. «Vienen cada tantos años, miran y se van». Aseguran que han pedido reuniones que no llegan, sobre todo ahora que el Ayuntamiento les pide el IBI atrasado de cinco años: «Antes no lo pagábamos y, de pronto, nos piden atrasos. A mí me reclaman 2.000 euros», asegura Francisco.

El Ayuntamiento es la institución que advierte y, llegado el caso, sanciona a los propietarios que no cumplen con el mantenimiento de una finca. En este caso, además de juez es propietario y los vecinos dicen que no saben a quién recurrir.