ANDALUCÍA

La Junta repone los temas suprimidos de Educación para la Ciudadanía

SEVILLA. Actualizado: Guardar
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Un nuevo frente de conflicto se abre entre los gobiernos central y autonómico y uno más, también, en materia de Educación. La consejera andaluza, Mar Moreno, anunció ayer que la Junta va a reponer este curso los contenidos completos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. En Andalucía, de este modo, se estudiará el temario sin la «poda», como dijo la consejera, que aplicó el ministro José Ignacio Wert a la polémica asignatura a niel nacional.

Mar Moreno se amparó en el margen del 35% del currículo educativo del que disponen las comunidades para llevar a cabo esta medida, que se materializará en dos órdenes, una para primaria y otra para secundaria, y en una circular a los centros con las pautas a seguir. Se usarán los mismos libros de texto que el año anterior.

Los contenidos en litigio se refieren, dijo la consejera, al cuidado y respeto de los espacios comunes, el carácter retributivo de los impuestos, la cooperación internacional, la identidad personal, las emociones, los sentimientos y la pluralidad social, familiar y religiosa, contenidos «validados cien por cien» por el Tribunal Supremo.

La responsable andaluza de Educación declaró que «queremos que la asignatura sea el reflejo más fiel posible de los valores constitucionales y democráticos» y se preguntó «por qué al PP le molesta que en las aulas se hable de la desigualdad de las mujeres o de la diversidad religiosa, familiar y social que hay en el mundo real».

Las reacciones no se hicieron esperar. La Federación Católica de Ampas de Sevilla (Fecapa) hizo público un comunicado en el que dijo que la medida es «ilegal», porque la Consejería «va mucho más allá» de lo que le permiten sus competencias e instó a las familias y a los centros a «impedir que se imparta».

El presidente de la entidad, Carlo Seco, declaró a Europa Press que acudirán a los tribunales por la vía contencioso administrativa, porque consideran el anuncio de la consejera «una vulneración del derecho de las familias y del sistema competencial».

La fundación Cives, que acompañó a la consejera en su anuncio, la felicitó por la medida, recomendada por asociaciones como Amnistía Internacional, Intermon Oxfam, Codapa, Cultura por la Paz o Mujeres Progresistas.