El desplome del empleo aboca a España a tocar el sistema de pensiones

La desaparición de 604.000 cotizantes a la Seguridad Social en los últimos doce meses -y de más de dos millones desde comienzos de 2008, ya en plena crisis- coloca al sistema de pensiones en una encrucijada, con un déficit galopante que le ha obligado a recurrir a sus reservas este verano para abonar la paga extra de julio. El Gobierno ha anunciado ya algunos cambios, que quiere aplicar de manera consensuada. Aunque Mariano Rajoy aseguró el jueves ante la canciller Angela Merkel que, «por el momento», no es su intención recortar las prestaciones -Grecia y Portugal se han visto obligados a hacerlo por sus planes de rescate-, la incertidumbre está lejos de desaparecer. Entre otros factores, porque persisten las dudas sobre el cumplimiento de los objetivos de déficit impuestos a España por la UE, pese a los drásticos ajustes ya aplicados, y porque la eventual intervención del Banco Central Europeo para evitar la asfixia financiera del país conllevaría «estrictas condiciones» para atajar la sangría de las finanzas públicas.

La fuerte destrucción de empleo, que ha descalabrado las cuentas de la Seguridad Social, es consecuencia del empeoramiento de la economía -que sufre su segunda recesión desde 2008- y está a punto de dejar vieja la reforma de las pensiones adoptada la pasada legislatura por el Gobierno de Zapatero, cuando faltan aún casi cuatro meses para que entre en vigor y hasta catorce años para su plena aplicación. Si la situación no se corrige de forma apreciable -ningún indicio apunta en esa dirección-, España se verá abocada a tocar, antes o después, el modelo de prestaciones públicas tal y como está en la actualidad.

Tras destinar este verano al pago de las prestaciones 4.400 millones del fondo de contingencia de las mutuas de accidentes de trabajo y adelantar la mayor parte de las transferencias al sistema previstas en los Presupuestos, pocas dudas quedan de que a finales de este año el Ejecutivo deberá adoptar una decisión sin precedentes: echar mano, por primera vez desde su creación en 1996, del Fondo de Reserva de las pensiones, la sacrosanta 'hucha', para abonar la paga extra de diciembre. Solo un milagro en la evolución del empleo podría evitarlo... o un recorte de las prestaciones, que Rajoy no contempla por ahora.

La situación en estos primeros días de septiembre no puede ser más preocupante. Los ingresos por cuotas sociales caen el 3,87% y los gastos aumentan un 4,4%, cuando ya el pasado ejercicio el déficit se acercó a los 1.000 millones.

El dinero de la 'hucha'

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, desdramatizaba esta semana la utilización del Fondo de Reserva -que acumula ya cerca de 70.000 millones- al considerar irrelevante el recurso a este instrumento. Tampoco los sindicatos ven inconveniente en hacerlo. El uso del fondo, creado con los excedentes del sistema para cubrir épocas de déficit, es ahora una alternativa sólida, salvo que la necesidad de cuadrar el déficit público en el 6,3% obligue al Gobierno a reducir las prestaciones, lo que solo hará en caso desesperado.

No sería esta una maniobra novedosa en la crisis europea. La congelación decidida por Zapatero en 2011 viene a ser una forma de recorte, mientras que Grecia y Portugal ya se han visto obligados a las rebajas. En el caso del país ibérico, con la supresión temporal de las pagas extras de los pensionistas que cobran más de 1.000 euros al mes.

Los ajustes anunciados por Rajoy en julio ya avanzaban actuaciones en pensiones, que serán enviadas en breve al Pacto de Toledo para su debate. El PP espera alcanzar acuerdos de amplio respaldo para aplicarlas. El objetivo declarado del Gobierno es endurecer las jubilaciones anticipadas. En el caso de las que se producen por contrato de relevo, estudia proponer unos requisitos tan duros que reducirían su aplicación drásticamente. Las que se producen a los 61 y a los 63 años podrían incorporar penalizaciones más duras, que rebajarían la pensión resultante, o incluso desaparecer la opción a los 61. También se incentivará la permanencia en el mercado laboral más allá de los 65 años y se abordará la definición y posible adelanto del denominado 'factor de sostenibilidad', que obliga a revisar las condiciones del sistema a partir de 2027 en función de la esperanza de vida, el empleo, el crecimiento económico y otros parámetros. Precisamente, una de las 'recomendaciones' de Bruselas a España es adelantar la entrada en vigor de la jubilación a los 67 años, que está previsto aplicar de forma paulatina hasta 2027. Una petición de rescate pondría sobre el tapete el cumplimiento de esta directriz.

Entre las opciones más viables para reducir el déficit está la de congelar las pensiones en 2013, pero ello no tendría efecto en el desfase presupuestario de 2012. Además, sería todo un papelón para el presidente tras sus ataques a una medida similar tomada por Zapatero. Por ello, un recorte es más improbable aún. Pero el Ejecutivo se enfrenta a una inflación galopante por el alza de los carburantes, cuya tasa en noviembre servirá de referencia para actualizar las prestaciones y garantizar su poder adquisitivo. El coste de la medida puede rondar los 4.000 millones. Bastaría para ello que el crecimiento de los precios, empujado por la reciente subida del IVA, repuntara ese mes desde el 2,7% actual hasta el 3%. De esa cifra, 2.000 millones serían computables en los Presupuestos de este año y otros 2.000 a los de 2013. Todo apunta a que el Ejecutivo esperará hasta el último momento para tomar una decisión.