«La nueva Ley de Costas necesita un amplio consenso político»

El consejero Planas tiene larga experiencia política y camina sobre seguro. A pesar de su amplio conocimiento de las áreas de trabajo que tiene encomendadas en el Gobierno andaluz es cauto y aún ahora, cuatro meses después de su toma de posesión, espera un poco más para afinar antes de comparecer en los asuntos locales. Estas que siguen son, pues, las líneas generales de trabajo de las áreas que le han sido encomendadas, que constituyen una de las grandes carteras del Ejecutivo de Griñán.

-Le ha tocado una Consejería que resulta ser como un tres en uno, pues a la clásica de Agricultura y Pesca se ha unido la de Medio Ambiente, y por si fuera poco se le han sumado las competencias de ordenación del territorio y urbanismo, desgajadas de Obras Públicas . ¿Cómo se la plantea?

-La idea de integrar agricultura, pesca y medio ambiente y de forma más global desarrollo rural, agua y ordenación del territorio es una buena iniciativa del presidente Griñán. Responde a un concepto coherente. Para mi es un honor y responsabilidad traducir esa orientación estratégica en una estructura, nombrar a los altos cargos y empezar a trabajar.

-¿Puede ser la legislatura del urbanismo y la ordenación del territorio, ya sin la presión especulativa? ¿Hay mucho que recomponer?

-Contra lo que algunos piensan, Andalucía es muy pionera, tenemos uno de los territorios más ordenados, desde el punto de vista de la gestión y del jurídico, con un gran equilibrio entre los grandes y pequeños núcleos de población. El planeamiento será una prioridad, así como el control, garantizando el respeto a la ley y la igualdad de los ciudadanos.

-¿Qué le parece la nueva Ley de Costas que prepara el Gobierno?

-La protección de los mil cien kilómetros de nuestra línea de costa es uno de los objetivos más relevantes del Gobierno y de lo más importante que podemos legar a las próximas generaciones. Se trata de uno de los elementos más valiosos de nuestro patrimonio y lo debemos preservar absolutamente.

-Ya han surgido alertas que le ha hecho tomar posturas, como el caso de Valdevaqueros, en Tarifa, donde el ayuntamiento aprobó un gran hotel de 1.420 plazas y 350 viviendas.

-Sí, esto demuestra que hay una gran preocupación en la opinión pública. Por eso anuncié en el Parlamento el re-examen de los crecimientos de los planes anteriores al POTA para ver en qué medida, porque son anteriores a 2006, eran compatibles desde el punto de vista económico, social y medioambiental, con los requerimientos que tiene hoy la sociedad andaluza.

-Por lo que conoce del borrador de anteproyecto de la Ley de Costas, ¿qué opina?

-Hay aspectos positivos y otros que no tanto. De los primeros, que se pueda a actuar y detener edificaciones cuanto antes, que los deslindes sean más transparentes y se puedan consultar por Internet o que las autorizaciones de las concesiones, los llamados chiringuitos, se aumenten de uno a cuatro años, es algo que demanda la actividad económica. Sin embargo, es preocupante la prórroga de las concesiones que estaban a punto de caducar por setenta y cinco años más. Nos parece un tiempo excesivo. Los nuevos límites del dominio público marítimo terrestre a cien metros y en casos de rías, estuarios o determinados núcleos urbanos a menos, 20 metros incluso, puede dar lugar a la paradoja de que la primera línea, que depende del Gobierno central, tenga menos protección que las sucesivas, que dependen de la Junta. Esperemos que el Ministerio consulte con las autonomías que tienen costa, porque esta ley necesita consensos políticos amplios.

-¿Veremos derribar el hotel de El Algarrobico? ¿Cuándo?

-No le podemos poner fecha. Es verdad que hay un embrollo judicial, pero tenemos claro que es administrativamente inviable y se derribará en cuanto sea posible. Estamos trabajando con el Ministerio en la valoración de los costes de derribo y reposición y será muy importante lo que resuelva el TSJA en relación con la licencia de obras.

-Hablemos de sus líneas de actuación prioritarias en materia de Medio Ambiente. Dada la gran superficie de la comunidad protegida como parque natural, muchos municipios limítrofes presionan para conseguir rentabilizarlos ¿Cuál es su posición?

-Primera prioridad, defensa de nuestro medio natural y sacar las posibilidades de aprovechamiento, preservando y no haciéndolo de forma pasiva, sino activa, que a través de los planes de desarrollo sostenible la ciudadanía los vea también como un elemento de riqueza, no solo de ocio.

-¿El mantenimiento de los bosques puede resentirse por la crisis?

-La inversión que realizamos en protección medioambiental es siempre inversión productiva. Más del 60 es preservación de nuestros bosques, el 40% restante es lucha contra el fuego, pero hay más, porque el plan Infoca es en buena medida de protección general. Pero nuestras prioridades en esta materia no se agotan ahí. Nos interesa también el medio ambiente urbano, una gran parte de nuestra población vive en ciudades y la calidad de vida se puede mejorar, en materia de contaminación en general, pero también sonora o lumínica. Son aspectos fundamentales.

-Ha anunciado un ambicioso proyecto de I+D+i para la agricultura y la pesca a través del IFAPA ¿qué dotación tiene, plazos, objetivos?

-Se trata de sacar el máximo aprovechamiento a nuestro Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, tanto para potenciar la investigación, la innovación, como para establecer una colaboración con el sector privado, con nuestra industria, con agricultores y armadores. Estamos en un lugar muy puntero pero podemos ser más competitivos y habrá fondos comunitarios para ello, 4 mil millones de euros, que hemos de aprovechar para crear valor añadido.

-Ha hablado de las 'nueva oportunidades' que traerá la PAC ¿Como está la negociación?

-Hablamos de una consignación total de dos mil millones de euros, en ayudas directas o de 'segundo pilar', por lo que un buen acuerdo es clave para Andalucía. Queremos un marco presupuestario estable y estabilizar los ingresos por ese concepto. Nuestro objetivo es que, ya que no somos una región de convergencia, logremos consolidar la posición de Andalucía como una 'región en transición', para mantener la dotación y la renta de los agricultores.

-El sector hortofrutícola ha denunciado que está creciendo el número de pequeños puntos de venta, incentivados por la gran distribución, que atomizan aún más la oferta de frutas y hortalizas en origen, repercutiendo a la baja en el punto de venta. ¿Pueden establecer alguna medida para evitarlo?

-En el conjunto de la UE cada uno puede actuar libremente, existe el libre mercado, de modo que según quién y dónde compra los precios serán diferentes. ¿Qué sucede? Los compradores son pocos y grandes. ¿Se puede hacer algo desde un punto de vista legal? No lo creo. Debe ser el sector el que se organice, con iniciativas de concentración.

-Los agricultores han puesto muchas esperanzas en la Ley de la Cadena Agroalimentaria, que está en proceso de elaboración por parte del Gobierno central. ¿Cree que será efectiva para acabar con los abusos que se producen en la compra venta de frutas y hortalizas?

-No conocemos aún el texto, probablemente saldrá este otoño. Puede ser así, en efecto, especialmente por lo que se refiere a las normas de competencia. Vivimos en una economía de mercado y es lógico que cada comprador y vendedor puede serlo libremente.

-Los agricultores están pendientes de los regadíos ¿Qué planes tiene de modernización? ¿y en cuanto a tarifas?

-La modernización de los últimos años ha sido importante y en muchos lugares se ha conseguido superar el riego a manta, que era la técnica habitual. La tarea no está acabada, no solo en cuanto a modernización, sino que ha aparecido nuevo elemento, la dificultad asociada a los costes tarifarios imputables al agua, con una variable energética, en la que hemos de ver si logramos resultados al incorporar energías renovables.

-El sector del olivar está en ascuas. Los precios no son rentables, se han realizado en poco más de un año tres procesos de almacenamiento privado por parte de la UE, pero el precio no se reactiva. La estrategia que la Junta ha intentado para la unión de cooperativas ha dado tímidos resultados. El Parlamento andaluz impulsó el año pasado la Ley del Olivar. ¿Qué puede hacer la Consejería para reactivar un sector tan importante para numerosas provincias?

-Más de 250 mil familias de toda Andalucía viven del olivar, que supone el 26% del valor de toda la producción agraria. Ahora tenemos un problema de precios por la abundancia de la última campaña. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, conseguir mejorar las exportaciones y la presencia en los mercados internacionales. En segundo, desarrollar alianzas estratégicas de comercialización y orientación de mercado para consolidar el liderazgo internacional. El Plan de Acción para el Olivar que ha planteado la Comisión Europea va a contribuir a resolver los problemas estructurales y está pendiente de que se dote de un marco financiero.

-Por último, la pesca. ¿Qué futuro ve a un sector menguante desde hace años, agobiado por la falta de caladeros?

-Queremos defender la pesca artesanal, no solo porque es una actividad de la que viven miles de familias en toda Andalucía, sino porque forma parte de nuestra cultura. Lo que pasa es que hay normas cada vez más estrictas, pero yo soy optimista. Creo que hay circunstancias cambiantes, pero también una política europea común, que está en revisión . Estamos negociando la vuelta a Marruecos, también en Mauritania en los próximas semanas y meses y espero que los marisqueros puedan volver a las aguas de Guinea Bissau, de donde salieron hace unas semanas. En definitiva, soy optimista sobre la continuidad de la actividad pesquera en nuestra tierra.