La familia desalojada el lunes continúa pidiendo soluciones

Durante la mañana de ayer, la familia desalojada de la calle Paciano del Barco y la Asociación Sociocultural Gitana Ensaye Kaló, volvían a manifestarse a las puertas del Ayuntamiento como ya hicieron el lunes pasado cuando el personal municipal les obligó a abandonar la vivienda ocupada.

Los afectados volvieron al Consistorio porque, después de conversaciones con el alcalde, Ernesto Marín, y el delegado de Vivienda, Andrés Núñez, se han sentido «engañados porque les han propuesto soluciones que no son reales», señaló Ramón Izquierdo, representante de Ensaye Kaló. En concreto, Natalio Lozano, el desalojado, comentó que el Ayuntamiento les prometió una solución «y ahora nos dicen que no la hay».

Por su parte, el Gobierno chiclanero emitió un comunicado en el que expresó su voluntad por encontrar una solución «siempre y cuando la familia en cuestión esté dispuesta a colaborar». En este sentido, refleja varios aspectos para aclarar el contexto de las reclamaciones vertidas por el ocupante ilegal del piso de Paciano del Barco y su familia.

Así, explica que los afectados llegaron a Chiclana en 2009, «momento desde el que no han pagado impuestos municipales», y pocos meses después ocuparon ilegalmente una vivienda pública «tras realizar Lozano fuertes presiones al legítimo propietario anterior, según un informe de la Policía Local tras declaración de un ciudadano».

También el comunicado del Ayuntamiento expone que el expediente de recuperación del piso se inició en 2010, sin constancia de que el ocupante «haya colaborado en la búsqueda de una solución» y, a pesar de ello, el desalojo se pospuso dos veces (en enero y mayo). Además, el documento apunta que dicha vivienda ya ha sido concedido a otra familia, que esperaba en el registro de demandantes de VPO desde 2005.

Aunque Lozano y su mujer, Rosario Flores, manifiestan no tener recursos, «nunca han solicitado ayuda a los servicios sociales municipales» y «Rosario está realizando un curso formativo por el que recibe una contraprestación económica». Asimismo, el Consistorio también aclaró que tres días antes del desalojo la familia recibió 350 euros, así como el compromiso del pago del 40% mensual del alquiler de una nueva vivienda. Comentando que esta solución fue rechazada «sin que hasta la fecha haya devuelto la citada cifra económica».

Por último, además de los diez días de alojamiento en un hostal que le han ofrecido, el Ayuntamiento solicitó el curriculum y la vida laboral de Natalio para intentar «paliar su situación laboral dentro de las posibilidades legales municipales". Según comentó el propio Lozano, no aceptó esta opción «porque necesito un trabajo que me de un poco de estabilidad, no para unos días».

Por todo esto, la familia y los que han mostrado su apoyo mantienen la intención de seguir manifestándose hasta que encuentren alguna solución «para que toda la ciudadanía conozca lo que está ocurriendo».