Los refugiados no son bienvenidos

España no es un buen país para solicitar protección internacional. El informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) arroja datos reveladores al respecto. En los últimos 10 años las peticiones han caído un 65%. Las personas que huyen de la violencia o catástrofes en sus países ya saben que España no les abrirá sus puertas fácilmente. En 2011 se recibieron 3.414 demandas de asilo, de las que 2.712 se admitieron a trámite. Pero solo 326 fueron aprobadas. La pregunta que surge es: ¿por qué cuesta tanto obtener asilo en España?

Javier Galparsoro, abogado y presidente de CEAR-Euskadi, lleva 22 años atendiendo jurídicamente a demandantes de protección internacional y sabe lo que es chocar una y otra vez contra los muros de la administración. «En España el proceso para solicitar el estatus de refugiado es draconiano. Somos demasiado mezquinos», afirma sin tapujos.

El aspirante a recibir protección internacional debe, en primer lugar, esperar a que su petición sea admitida a trámite, un proceso «poco consistente y en el que apenas se estudia la situación del solicitante». En 2011, 705 personas fueron rechazadas de esta forma en primera instancia. Para los que superan esta barrera la resolución final debe llegar, según la ley, en un plazo máximo de seis meses, aunque la realidad demuestra que se puede demorar entre 2 y 3 años. Durante este tiempo, se permite al demandante permanecer en suelo español y se le da una tarjeta roja que demuestra que su caso se encuentra en estudio. Nada más. Ningún tipo de asistencia.

Uno de los principales problemas al llegar a España radica en el desconocimiento que tienen los propios solicitantes sobre los derechos que poseen y la asistencia legal a la que pueden tener acceso. «Solo deben decir las palabras mágicas en la frontera 'Yo soy un refugiado, quiero asilo' para que se active el proceso de tramitación», explica Galparsoro, quien también denuncia que estas personas no sean informadas de esta posibilidad por las fuerzas de seguridad. «Un palestino o un sudanés no tienen por qué saber que tienen derecho a ser considerados refugiados con solo declararse como tales», indica el abogado. Por ello, considera preciso abrir las fronteras a la asistencia de organizaciones como CEAR para paliar el grave déficit en la asistencia jurídica.

La ley de 2009

En España el acceso a la condición de refugiado se rige por la ley de Asilo 12/2009, una norma que presenta graves lagunas. Tras su aprobación, se estableció un periodo de seis meses para desarrollarla a través de un reglamento que a día de hoy aún no existe. Entre sus novedades, por ejemplo, destaca la supresión del derecho de asilo a ciudadanos europeos, «como si el continente estuviese vacunado contra la violencia cuando hace dos días vivimos la guerra de Yugoslavia», se queja Galparsoro. También se encuentra en el limbo el derecho a solicitar asilo en las embajadas. En un caso como el de Julian Assange, que se encuentra refugiado en la legación ecuatoriana en Londres, España no tendría por qué admitir a trámite su petición simplemente porque no está regulada más allá de sus fronteras.

Existen muchos aspectos que mejorar, denuncia CEAR. Estos incluyen la búsqueda de potenciales refugiados en el exterior, la posibilidad de facilitar el regreso al lugar de origen una vez este vuelva a reunir las condiciones de seguridad necesarias o la ampliación a los familiares del estatus de asilado, entre otros.

Los países del primer mundo en general, y España en particular, destinan una ingente cantidad de recursos a vigilar sus fronteras e impedir la inmigración ilegal. Para Galparsoro, «todos los sistemas de control que existen actualmente impiden la llegada de los refugiados, y si lo consiguen tras arriesgar sus vidas, pero no dicen las palabras mágicas su destino está sellado: de vuelta a casa».

La España del siglo XX envió cerca de un millón de refugiados republicanos al extranjero. La del siglo XXI le da ahora la espalda a los que llegan hasta sus fronteras.