En busca de la raíz política de los ERE

El Parlamento andaluz vivirá esta semana una situación inédita en los últimos 17 años, la constitución de una comisión de investigación. El motivo de tal novedad es el supuesto fraude de los ERE pagados con dinero público, un escándalo que investiga la justicia desde hace meses, pero al que la cámara era ajeno pese a las indudables raíces políticas del caso. La jueza Mercedes Alaya mantiene en prisión preventiva al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, y al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

Los grupos parlamentarios tendrán que determinar ahora si además de las penales hay algún tipo de responsabilidad política de los anteriores gobiernos socialistas en las irregularidades cometidas. Un fraude que, según el PP, asciende a 1.400 millones de euros.

La polémica ha saltado con las posibles comparecencias incluso antes de que se apruebe el método de trabajo y el funcionamiento de la comisión, que tras muchas peticiones infructuosas durante la pasada legislatura, se convirtió en una de las condiciones fundamentales que IU puso al PSOE para apoyar la investidura de José Antonio Griñán.

Aún no está decidido quiénes comparecerán para dar explicaciones de lo que sabían o desconocían sobre las ayudas a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis otorgadas por la Junta. A la ausencia obvia de los dos altos cargos encarcelados se suma la controversia por las «cacerías políticas» con citaciones injustificadas. En este capítulo entraría, según el PSOE, la solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, y su antecesor Manuel Chaves.

La consejera de Presidencia, Susana Díaz, argumenta que ambos, como han manifestado en numerosas ocasiones, conocían que había un sistema para la concesión de ayudas a empresas en crisis, pero no las irregularidades que se cometían al amparo del mismo. Tampoco supieron, según aseguran, que el método escogido tuviera algún cuestionamiento legal porque la Intervención General de Hacienda nunca informó de ello.

IU, el socio de gobierno, aún no se ha pronunciado sobre las comparecencias del presidente y su antecesor, aunque no pone vetos. Menos aún el PP, que ya ha propuesto una lista de 24 personas que incluye no solo a Chaves y Griñán sino también a miembros del Gobierno andaluz desde 2000 a 2010.

En cualquier caso, las disputas previas demuestran la falta de rodaje para el desarrollo de las comisiones de investigación políticas. Y es que las dos últimas se constituyeron allá por 1995, en la época de la 'pinza' del PP e IU y con los socialistas en minoría en la cámara. Una, en septiembre de aquel año, abordó los fondos autonómicos para la Expo'92. Y en noviembre, la oposición forzó la investigación sobre la fusión de dos cajas de ahorro gaditanas y un supuesto trato de favor a dirigentes socialistas, entre ellos Chaves, quienes presuntamente se concedieron préstamos personales para financiar al PSOE que luego serían condonados. El triunfo absoluto en los comicios del año siguiente permitieron a los socialistas «enterrar» la comisión.

Romper el silencio

Desde entonces se instaló el silencio. Según consta en la web del Parlamento andaluz, desde 1996 hasta ahora el PP, en 64 ocasiones, e IU, en 23, han reclamado comisiones de investigación sobre diversos asuntos, desde la financiación irregular de partidos, privatizaciones, empresas públicas, corrupción urbanística hasta el desastre ecológico de Aznalcollar, pero ninguna ha prosperado por la oposición socialista. El PP asegura que desde el inicio de la autonomía en 1982 se le han vetado más de 110 peticiones, 11 de ellas relacionadas con el propio caso de los ERE. El argumento escogido casi siempre por el PSOE fue el de evitar «estrategias partidistas» en la cámara autonómica, según ha dicho en reiteradas oportunidades el portavoz socialista, Mario Jiménez.

«La soberbia y la prepotencia del gobierno de Chaves y de Griñán durante estos años y el creerse que lo público es privado ha impedido la transparencia en el Parlamento andaluz», se lamenta el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz. Y en el caso de los ERE, los populares temen que los socialistas, que han aceptado la comisión «forzados y a regañadientes», acaben degradándola a un «paripé». «Una comisión donde no comparezcan los gestores del mayor escándalo de corrupción en nuestra autonomía es un fraude», concluyó. La respuesta, a partir de esta semana.