Una solvencia que no era tal

Los problemas del sistema bancario español no se generan en cinco meses, afirmó el ministro de Economía, Luis de Guindos, echando balones fuera sobre la responsabilidad del actual Gobierno. Su origen se remonta bastante más allá, pero es difícil determinarlo. En el verano de 2007, cuando se percibieron los primeros signos de la crisis de las hipotecas basura en Estados Unidos, la banca española aún podía ufanarse de ser «una de las más solventes del mundo». Cinco años después, sus necesidades de saneamiento han provocado un rescate forzoso. Los socios europeos creen que España no tiene capacidad de atenderlas, en medio de una fuerte presión especuladora que dispara por días el coste de su financiación.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Simplificando, los problemas que han conducido al rescate de la banca española se reducen a dos: inversión inmobiliaria y cajas de ahorro. Tras superar en los ochenta una durísima fase de ajuste, el segmento de los bancos vivió en los años siguientes un espectacular proceso de integración, del que surgieron Santander y BBVA, los dos actuales gigantes del sector, a salvo de dudas, aunque afectados por el clima de generalizada incertidumbre

En paralelo, las cajas de ahorro vieron abierto el camino a su expansión territorial, pero esa nueva oportunidad no estuvo acompañada en todos los casos de la profesionalización de la gestión. Por el contrario, distintas leyes autonómicas fueron consolidando poco a poco el control político. Aunque el mandato de Mariano Rubio en el Banco de España acabó mal, por su implicación en el caso Ibercorp, en su etapa se trenzaron las bases del colchón de provisiones que sus dos sucesores afianzaron. Tanto Luis Ángel Rojo como Jaime Caruana tuvieron claro que en tiempos de bonanza había que guardar una hucha de provisiones genéricas. Las entidades se vieron obligadas a apartar fondos, sin la menor sospecha de que tuvieran que utilizarse.

Un colchón

Las provisiones genéricas fueron el orgullo de la banca española y de su supervisor durante largos años. La burbuja del ladrillo se iba inflando, mientras tanto. Hubo varios culpables: una legislación del suelo que hizo edificable todo aquello que no se declaraba expresamente rural, unas entidades que aprovecharon la coyuntura para aumentar los créditos hasta un ritmo promedio anual del 35%, y unos gobiernos que acompasaron su política a esta expansión. En España se llegaron a concluir 700.000 viviendas al año, el doble de las necesidades. La desgravación a la compra de vivienda dio alas a este vector de desarrollo.

Las alarmas se encendieron en el Banco de España, pero la cautela se impuso. El servicio de estudios apenas se atrevió a sugerir, en ocasiones, una «sobrevaloración» de la vivienda, que Malo de Molina llegó a cifrar, con la boca pequeña para no levantar las alarmas, en un 30%. Las infladas carteras de crédito promotor de la mayoría de las cajas, y también de algunos bancos, se iban generando en esos momentos. Primero fallaron los promotores, y después los clientes, en su mayoría los de las capas bajas y medias de ingresos, duramente afectados por el aumento del desempleo.

La expansión de las cajas de ahorros se iba desarrollando en paralelo a este proceso. Otro gobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordóñez, trató de abrir brechas y promovió una reforma del sector, muy lenta y que tropezó con todo tipo de obstáculos. Solo cuando acudió a la ley que le permitía una intervención -Caja Castilla-La Mancha, CajaSur- algunos gobiernos territoriales cobraron conciencia de que el problema era serio.

Que las dificultades no radicaban tanto en el estatuto jurídico de las entidades lo demuestra que ha habido cajas que han salido adelante con notable éxito: La Caixa, la malagueña Unicaja o las cajas vascas en proceso de integración hoy presentan niveles de solvencia a prueba de auditores, tras haber acometido rescates o integraciones.

A Fernández Ordóñez le arrollaron finalmente los acontecimientos. Articuló dos reformas del sector financiero español, pero la segunda ya le pilló en fase de descuento, con un Gobierno popular que desconfiaba de todas sus actuaciones. La creciente presión en la crisis de la deuda soberana, los problemas de Bankia y los 'números rojos' del inmobiliario, más las recientes dudas sobre la capitalización del sector financiero español le llevaron a presentar la dimisión en vísperas del rescate.