Absuelven a los dueños de un concesionario de un delito de estafa

La Audiencia Provincial de Cádiz ha absuelto al dueño y al gerente de un concesionario de Chiclana (J. D. C. y M. S. G.) al que la Fiscalía y dos particulares les acusaban de un delito de estafa continuada en la venta de varios coches, y para los que pedían penas de cuatro años de prisión para cada uno.

Según el Ministerio Público, ambos empresarios cobraron supuestamente diversas cantidades a algunos clientes por servicios que no se habrían realizaron y «a sabiendas de que la empresa pasaba por una mala situación económica». El tribunal de la Sección Primera confirma en la sentencia que ambos hombres continuaron con operaciones de compra y venta «tras surgir importantes dificultades económicas». Además, los empresarios tuvieron «dificultades en la entrega» de los coches. Pero estas complicaciones se arreglaron «de manera amistosa» la mayoría de la veces.

En cambio, otros clientes sí denunciaron al concesionario: uno, porque pagó 180 euros por una reparación que supuestamente no se hizo, otro porque entregó 951 como señal para un vehículo, y en dos casos, por 600 euros. Las querellas se presentaron en 2002 y han tardado diez años en llegar a juicio, acompañadas de un «voluminoso» sumario, como lo califica el propio tribunal en la sentencia.

Después de tantos años de batalla judicial, la Audiencia ha llegado a la conclusión de que el asunto se debía haber resuelto por la vía civil (al tratarse de una deuda) y no por la jurisdicción penal, ya que no cree que exista el elemento esencial de cualquier estafa: «la intención de engañar». De hecho, los propios perjudicados reconocieron en el juicio que «no se consideraban engañados, sino que todo era fruto de malas circunstancias sobrevenidas», recoge la misma sentencia, en la que estima que los acusados no «concibieron un plan con el que prevaliéndose de la buena apariencia de un agente de concesionarios, vendieran lo que sabían que no podrían entregar».

«No podemos considerar acreditado que lo ocurrido fuese fruto de una maquinación tendente a engañar a los clientes», afirman los magistrados, sino la consecuencia de una más que probable mala gestión del negocio», lo cual (concluye la Audiencia) «no constituye en principio delito alguno».