Casarse y descasarse por la notaría

Alberto Ruiz-Gallardón se ha propuesto cambiar a fondo el sistema judicial español. O, al menos, intentarlo. La última propuesta es paliar la congestión que sufren numerosos tribunales, atascados por miles de causas pendientes, sobre todo los de primera instancia. Para mermar esta carga, el ministro de Justicia propuso ayer que los notarios tengan la posibilidad de casar y disolver matrimonios, siempre y cuando se produzcan de mutuo acuerdo. Ruiz-Gallardón opinó que «no tiene sentido» que un trámite como una separación definitiva y pactada «no pueda ser formalizada directamente ante notario».

En este objetivo de descargar de trabajo a los tribunales, el ministro puso como ejemplo a los alcaldes, que pueden autorizar uniones civiles. «Lo mismo pasa con relación al matrimonio. De la misma forma que los alcaldes pueden autorizar matrimonios, ¿por qué la única alternativa es llevarlo ante los funcionarios al Registro Civil y no podemos permitir que un notario autorice un matrimonio o divorcio?», se preguntó el exalcalde de Madrid. «Asuntos que en este momento están atascados ante los tribunales los vamos a resolver, con plena garantía para los ciudadanos, ante otros funcionarios, ante otros organismos».

Asimismo defendió la capacidad de los notarios para asumir esta nueva responsabilidad. «Lo que tenemos que hacer es encargar a esas personas muchas tareas que en este momento están colapsando los tribunales», indicó el ministro de Justicia, que recordó que España tiene tres millones más de litigios que Francia, con mucha menos población. Esta medida se incluirá dentro de la ley de mediación y jurisdicción voluntaria que, de momento, carece de calendario.

División de pareceres

La sorprendente propuesta del ministro fue recibida con el pie cambiado por las asociaciones de jueces y abogados. Los únicos que aplaudieron de forma abierta esta idea fueron los notarios. Su Consejo consideró que estos profesionales están en una situación ideal para tramitar las uniones civiles o los divorcios. Eso sí, «siempre que sean de mutuo acuerdo, que no afecten a los derechos de menores y con total respeto a las competencias de los jueces».

El Consejo no escondió que esta medida ayudará de forma clara al sector, que ha visto cómo desde el inicio de la crisis sus ingresos han descendido un 70%. «Si no se adoptan medidas podría ponerse en peligro la viabilidad del sistema notarial, que se financia íntegramente con los aranceles que pagan sus usuarios, sin cargo alguno para los presupuestos del Estado», apuntó.

Por su parte, Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía, se mostró favorable a que «notarios, registradores, a lo mejor algún otro funcionario público y, por qué no, algunos abogados puedan contribuir a resolver problemas que en principio no figuran como conflictos».

En cambio, la asociación Jueces para la Democracia consideró que esta decisión sólo va a encarecer el servicio y «privatizar» ciertas prestaciones. «La atribución de competencias a registradores y notarios puede implicar de hecho un encarecimiento de estos servicios», avisa esta organización de magistrados progresistas, que también criticó el efecto «populista» de las medidas anunciadas por el ministro. «Parece promover una Justicia apresurada y previo pago de quien tenga recursos para pagársela», indicó la asociación en un comunicado. «Las propuestas más bien parecen buscar titulares».

También se mostró muy escéptica otra organización de magistrados, la asociación Francisco de Vitoria, que apuntó que el trabajo de los jueves no mermará. Sobre todo, recalcó, repercutirá en los bolsillos.

Más beligerante se mostró el Sindicato de Secretarios Judiciales, que afirmó que la administración de justicia necesita una reforma «cualitativa y no cuantitativa» y se mostró muy escéptica hacia estas medidas. También aseguró que los propios secretarios judiciales son capaces de asumir el trabajo que Ruiz-Gallardón quiere conceder a los notarios españoles. «Estamos perfectamente capacitados y dispuestos para asumirlo con coste cero para la ciudadanía», señalaron.