Déficit sin liquidez

La ineludible sujeción de las finanzas autonómicas a las necesidades y compromisos de estabilidad presupuestaria exige soluciones más complejas y trabajosas que el mero enunciado de tal propósito. Así lo dejó entrever el presidente Rajoy ayer al subrayar el problema que supone la falta de liquidez en las instituciones territoriales. Sencillamente porque la mera corrección del desfase presupuestario para tratar de rebajar el déficit está dificultando que algunas comunidades autónomas puedan prestar servicios sociales básicos. La prestación de esos servicios sociales, en especial cuando responden a derechos consagrados como tales en la legislación vigente, es competencia de cada comunidad autónoma pero no por ello deja de ser responsabilidad del Estado en su conjunto, como ayer apuntó Rajoy. El asunto se complica cuando al mismo tiempo que el Gobierno central reclama una consolidación fiscal solidaria por parte de las instituciones autonómicas se ve en la necesidad de acudir en ayuda de aquellas que no cuentan con la liquidez suficiente como para atender a sus obligaciones con la sociedad. Esto requiere, de entrada, establecer dos líneas de diferenciación entre las autonomías. Una primera que distinga a las comunidades que están respondiendo a los compromisos de déficit de aquellas que hayan cerrado 2011 con más desequilibrio presupuestario del permisible. Una segunda que identifique a las autonomías cuya viabilidad como oferentes de coberturas y servicios está en entredicho de aquellas otras que no presentan dificultades acuciantes de liquidez. De lo contrario se cometería la injusticia de imputar a todas las autonomías la causa del mal y el error de cargar las culpas sobre el propio modelo autonómico. Es lógico que una actuación extraordinaria por parte del Gobierno central para asegurar la financiación de tal o cual autonomía y garantizar la prestación de servicios básicos deba ir acompañada de una exigente tutela sobre la administración de sus recursos. Pero no sería ni justo ni coherente que tal supervisión se ejerciera también respecto a aquellas comunidades que se atienen a los requisitos de estabilidad presupuestaria. Especialmente mientras el despilfarro y la indolencia en el manejo de los recursos públicos no merezca otro juicio que el del escrutinio electoral cada cuatro años