Pasos contra el déficit

El tercer Consejo de Ministros decisorio de Mariano Rajoy centró ayer su atención en un informe del ministro de Hacienda ha presentado sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas, que el Gobierno aprobará en breve. Como estaba previsto, se trata de desarrollar la reforma constitucional que se aprobó en agosto, y que obliga a todas las administraciones públicas a garantizar el equilibrio presupuestario, con un déficit máximo estructural del 0,4% del PIB. Lógicamente, el afianzamiento legislativo de estos criterios, que son los que se dispone a exigir la Unión Europea en el acuerdo intergubernamental que se prepara, fortalece la confianza de los mercados en la economía española y facilita la normalización de nuestro país después de la crisis de deuda que todavía deja sentir sus efectos, aunque cada vez más moderadamente. La referencia del Consejo de Ministros justifica que la ley en proyecto regule en un texto único la estabilidad financiera de todas las Administraciones -Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos- mediante el argumento incontrovertible de que «ante la Unión Europea se responde como un solo país». Sin embargo, la propuesta del ministro Montoro, que ya había sido explicada a todas las comunidades, renuncia a ejercer un control presupuestario previo sobre las cuentas de las autonomías, como había insinuado el ministro de Economía Luis de Guindos, y, tras incorporar el principio de lealtad institucional, se limita a exigir un techo de gasto y a aplicar un régimen de sanciones a los incumplidores, con clara intención disuasoria. Esta suavización, que respeta la autonomía fiscal constitucionalmente protegida, hace digerible la norma por las comunidades más celosas de sus competencias, Cataluña en primer lugar, y abona el buen entendimiento que ya existe entre los Gobiernos catalán y estatal.