Clesa, abocada a la desaparición

Clesa, sociedad del grupo Nueva Rumasa, presenta un déficit patrimonial de 681,02 millones de euros y está abocada a la liquidación, dada la imposibilidad de llegar a un acuerdo con sus acreedores ordinarios, según el informe de la administración concursal.

Según informaba ayer Efe, el documento cita entre las causas fundamentales de su insolvencia la adquisición de las acciones de Grupo Parmalat -216,13 millones que asumió la compañía y no los accionistas-, la compra de activos del grupo Nueva Rumasa a precios superiores a los de mercado, la aportación de la rama de actividad a Cacaolat y el afianzamiento de operaciones financieras y mercantiles.

El informe refleja que la actividad de venta y elaboración de productos lácteos de Clesa ha generado pérdidas significativas y continuadas desde el comienzo de las operaciones, y detalla que su resultado negativo de explotación ha sido «sistemáticamente encubierto mediante apuntes contables no justificados». La administración concursal ha matizado que, sin embargo, las pérdidas derivadas de la actividad principal de la empresa láctea «no justifican en absoluto el déficit patrimonial actual».

El informe explica que Clesa se encontraba en situación de insolvencia desde mucho antes de que hubiera comunicado al Juzgado la existencia de negociaciones con los acreedores para tratar de conseguir una reestructuración financiera o un convenio anticipado (15 de febrero de 2011), unas negociaciones de las que aseguran no existe rastro.

Indica que la situación de crisis económica general y la que atraviesa el sector lácteo pudieran aumentar mucho más la situación de desbalance patrimonial, convirtiendo en «utópicas las legítimas expectativas de cobro de los acreedores que sean titulares de privilegios generales o especiales».

ERE extintivo

Cabe recordar que a principios de esta misma semana se anunció que 90 de los 130 trabajadores de Clesa en Caldas de Reis (Pontevedra) se quedarán sin empleo en breve debido al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) extintivo que aplicará la empresa.

Los trabajadores esperan recibir cualquier día las cartas notificándoles el despido, según la presidenta del comité de empresa de la planta láctea, Lola Ramos. Ésta ve «deleznable» que la elección de los 40 trabajadores que sigan en la empresa dependa exclusivamente del director de la planta de Clesa en Caldas, quien ha de designarlos «de forma unilateral», sin dar oportunidad al comité de pronunciarse.

Señala que estos operarios seguirán temporalmente en la empresa de Caldas hasta que los gestores concursales decidan si venden o cierran definitivamente sus puertas. «Resulta muy criticable y patético que se ignore al comité en estas negociaciones, tomadas por la vía de la imposición», lamenta.

Los trabajadores albergaban esperanzas de que se resolviese su situación si finalmente el proyecto defendido por Feiraco y otras cooperativas se quedaba con la empresa, en concurso de acreedores por sus propietarios, Nueva Rumasa.

Además, la semana pasada, el juez de lo Mercantil número 6 de Madrid, Francisco Javier Vaquer, dictó un auto que modificaba otro del 17 de noviembre en el que declaraba un ERE de extinción para los empleados de la planta de Clesa en Caldas, en el sentido de que su aplicación no sería inmediata.

Sin embargo, la dirección comunicó al comité de empresa el lunes la decisión de los administradores concursales de comenzar a aplicar el ERE extintivo para 90 de los 130 empleados.

De otro lado, ayer se conoció que una empresa de Ávila y otra de Asturias han presentado sendas ofertas para hacerse con la unidad productiva y las marcas de Chocolates Elgorriaga, otra de las sociedades de Nueva Rumasa. La administración concursal ha analizado con el comité de empresa las dos ofertas, cuyos importes rondan los 4,5 millones de euros fijados como mínimo por el juez, con una diferencia entre ambas de 12.000 euros.

Los dos prometen la continuidad de la actividad y el mantenimiento de los puestos, pero no garantizan el pago, por lo que los administradores han propuesto al juez que conceda un plazo de cinco días para que ofrezcan garantías y que establezca un pago mínimo de 2,3 millones de euros antes de fin de año.