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Urbanismo remite más de 2.000 expedientes sancionadores a la Fiscalía

La asociación de afectados se lamenta de la actitud del actual delegado al basarse en un PGOU «que no existió ni tiene amparo legal»

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El delegado de Urbanismo, Andrés Núñez, ha remitido a la Fiscalía unos 2.000 expedientes sancionadores por vía penal. Algo que no ha sentado nada bien a la Asociación de Afectados por las Sanciones Urbanísticas. «En primer lugar, desde el punto de vista humano, hacerle caer en la cuenta de que ya ha 'premiado' a numerosas familias para estas navidades. Sólo en el día siete de diciembre han aparecido veintiséis notificaciones de otros tantos expedientes urbanísticos en el BOP de Cádiz».

Desde la entidad se vuelve a incidir en las consecuencias de las decisiones que se están tomando ya que están amparadas en un Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que «nunca existió», según el colectivo.

«Suma un cúmulo de desaciertos. Primero, se niega a reconocer la Sentencia del Tribunal Supremo anulatoria del planeamiento. Sí, la del 31 de mayo de los corrientes y que usted vendría a obedecer casi a los seis meses de ser dictada. Ahora, como continuación, hay que añadir la notificación de sanciones sin base legal. De camino, ha venido concediendo licencias amparadas en un Plan de Ordenación fantasma». Y es que la asociación tiene bastante claro que todas estas iniciativas lo que van a conseguir es dañar al partido. «Multiplique los miles de expedientes sancionadores por cuatro miembros en edad de votar. Tire de calculadora y podrá comprobar el montante de posibles electores que podrían írseles de la mano, cara a las próximas autonómicas». Pero, no se detienen ahí, sino que los miembros de la entidad van más lejos todavía, al asegurar que Andrés Núñez está «abusando» de la ley.

«Se está aprovechando que tiene en la mano la poderosa maquinaria administrativa. Ya se ha visto, al no querer reconocer la mencionada Sentencia del Tribunal Supremo sobre la anulación del PGOU. Ahora, sigue abusando, al continuar notificando unas sanciones sin base legal y contra las que el ciudadano se tiene que defender y probar su inocencia, cuando las garantías constitucionales dicen todo lo contrario».

Todo ello, mientras la asociación está a la espera de una reunión con el propio delegado. «Parece ser que no tiene capacidad negociadora. Vamos, que no quiere resolver la situación. Que es partidario de arrojar al abismo, con la máxima dureza, a esas familias que Ud. puso a los pies de los caballos al entregar sus expedientes a la Fiscalía durante el Cuatripartito, en lugar de tratar de resolverlos administrativamente».