La ciudad se regirá a partir de ahora por unas normas urbanísticas de 1987

Por fin se confirmó. El Ayuntamiento de Chiclana recibió ayer de manera oficial la comunicación de la anulación del Plan General de Ordenación. Así, y aunque la sentencia fue dictada a principios del pasado verano, hasta ayer no cuenta con aplicación, por lo que desde hoy mismo, la localidad se rige urbanísticamente hablando por las denominadas Normas Subsidiarias que datan del año 1987.

Este hecho fue anunciado por el edil de Urbanismo, Andrés Núñez, que se mostró contrariado por una noticia que era cuestión de tiempo que llegase, pero que deja a la ciudad a los pies de los caballos pese a que, para el gobierno local, «el que ha caído es el PGOU, no Chiclana».

Recordando que el planeamiento anulado por el TSJA y en última instancia por el Tribunal Supremo «se hizo mal en tres ocasiones y ha supuesto un gasto de cuatro millones de euros públicos que tendremos que pagar todos los chiclaneros», desde el equipo de gobierno del PP se recuerda que en las últimas semanas los técnicos y personal de la Gerencia de Urbanismo han venido trabajando para solventar esta situación, que retrotrae a la localidad a un marco urbanístico de dos décadas atrás.

La solución provisional pasa, como ya se había anunciado, por la aprobación de unas Normas Transitorias en colaboración con la Junta, que todavía tardarán meses. Además, hasta que no entre en vigor el nuevo PGOU (en dos años previsiblemente), la localidad quedará en una situación muy delicada desde el punto de vista urbanístico.

Los proyectos más importantes quedan a expensas de que puedan ser incluidos en las Normas Transitorias, aunque los 18 millones de m2 de suelo urbano no consolidado del extrarradio de Áreas de Gestión Básica no podrán desarrollarse. El edil, Andrés Núñez, lanzó ayer una mensaje optimista. «Chiclana saldrá de esta situación y solucionaremos el grave problema heredado». Pero lo cierto es que la comunicación oficial recibida no hace sino apostillar lo que muchos sabían.

El parón urbanístico podría ser total en muchos aspectos. Y por tanto la recepción de ingresos de la GMU se verá aún más cercenada. Los populares culpan directamente a la mala gestión de los sucesivos gobiernos socialistas. El plan fue aprobado sin haber pasado por exposición pública en marzo de 2007. Fue tumbado en 2009 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y hace unos meses, el Supremo daba la razón a este órgano y tumbaba de forma definitiva el planeamiento.