Andalucía aprueba la exclusión de los alcaldes del Parlamento

Los alcaldes andaluces podrán figurar en las candidaturas de las próximas elecciones autonómicas, pero no podrán tomar posesión de su escaño en el Parlamento en caso de resultar elegidos. El Parlamento aprobó ayer la modificación de la Ley Electoral andaluza, con la mayoría del PSOE y la abstención de IU, que deja fuera de la Cámara a los alcaldes, presidentes de diputaciones y de mancomunidades a partir de la próxima legislatura por considerar su cargo incompatible con el de diputado.

Una norma que solo existe en el Parlamento gallego y que en Andalucía ha contado con la fuerte oposición del PP, partido con 17 alcaldes en la Cámara, entre ellos los de cuatro capitales. «Lo único que les interesa es echar a los alcaldes del PP del Parlamento porque le hemos ganado las elecciones», manifestó visiblemente enfadada Esperanza Oña, portavoz del PP y alcaldesa de Fuengirola. El PP, que critica que una reforma de las reglas de juego político se haya hecho sin consenso, ha anunciado que la recurrirá al Constitucional.

El portavoz del PSOE, Miguel Ángel Vázquez, le contestó que el cargo de alcalde «supone tanta responsabilidad que no se puede desempeñar a media jornada». También recordó al PP que este partido propuso esta iniciativa en 1995. Diego Valderas (IU) se quejó de que la reforma no haya ahondado en la representatividad del voto, ya que se considera perjudicado por el actual sistema de reparto. El diputado de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo, a su vez alcalde de Marinaleda, se ausentó del salón de plenos a la hora de la votación para no incurrir en indisciplina en su grupo.

Junto a la incompatibilidad de los diputados se aprobaron por todos otras tres reformas legislativas para mejorar la imagen de la actividad política, en concreto la que obligará a que se hagan públicas las declaraciones de bienes, actividades e intereses de los altos cargos, el que los diputados andaluces no puedan percibir más de un sueldo y la supresión de las pensiones extras a los expresidentes de la Junta. No fueron las únicas en el maratón de leyes sancionadas ayer. El Parlamento también reformó la ley de iniciativas populares y de los ayuntamientos para rebajar el número de firmas necesarias a 40.000 y la creación del llamado escaño 110, en el que los proponentes de dichas iniciativas podrán defenderlas en la Cámara durante su tramitación.

También fueron reformadas las leyes de colegios profesionales y la ley de Universidades, que abre el paso a las de carácter privado; y la ley por la que se regula el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas. Una norma que afecta a 176.000 personas y que entre sus novedades incluye el derecho a servicios de teleinterpretación y el incremento de los intérpretes en las instituciones públicas. La norma fue aprobada por unanimidad.