El Parlament respalda una consulta popular para exigir el concierto económico

El giro emprendido por la nueva cúpula de Esquerra Republicana, que ha decidido enterrar sus alianzas con los partidos de izquierdas y aboga por aproximarse a las formaciones soberanistas, permitirá al Govern de Artur Mas aplicar una política de geometría variable en el Parlament de Cataluña.

La intención del Ejecutivo de Convergencia i Unió, que no goza de una mayoría suficiente como para prescindir del resto de formaciones, es acordar con los independentistas republicanos todos aquellos aspectos relacionados con el hecho identitario, mientras que se apoyará en los populares para sacar adelante los proyectos financieros y económicos en general, con los Presupuestos del tijeretazo incluido.

Este doble alma gubernamental se ha plasmado en las resoluciones del debate de política general en el Parlament, que empezaron a votarse ayer y acabarán hoy. La culpa de la imprevista prolongación la tuvo el caos que se vivió en la cámara autonómica cuando un diputado de Solidaritat exigió, y la presidenta se lo aceptó, que las más de 300 resoluciones presentadas por los diferentes grupos se votaran punto por punto. La presidenta del Parlament, Nuria de Gispert, tuvo que pedir disculpas porque la votación se eternizó.

Entre las resoluciones que tuvieron tiempo de aprobar la sociedad de CiU y Esquerra está la que proclama que Cataluña quiere un nuevo modelo de financiación fuera del régimen común, que funcione mediante una relación bilateral con el Estado, que incluya la recaudación de la totalidad de los impuestos y que establezca el cupo que tendrá que pagar la comunidad catalana al Estado por los servicios que presta en Cataluña. En esencia, un concierto económico similar al que tienen el País Vasco y Navarra, y que es el gran objetivo de la legislatura para Artur Mas.

Guiño soberanista

CiU y ERC acordaron además impulsar un proyecto de ley que regule las consultas populares sin carácter de referéndum. Un guiño soberanista de Mas, cuya idea es someter el pacto fiscal a votación popular para tener un mayor respaldo cuando acuda a Madrid a negociar el concierto con el próximo gobierno que surja tras las elecciones del 20 de noviembre y que será la principal condición a cambio del apoyo de CiU.

Con su acercamiento a Esquerra, la Generalitat acalla además las voces críticas que dentro de Convergencia empezaban a pedir mayor colaboración con los republicanos independentistas y menos con los populares de Alicia Sánchez Camacho.

El PP, no obstante, es el socio parlamentario preferente del Ejecutivo catalán en asuntos económicos. El Govern sacó adelante las cuentas públicas de 2011 gracias al PP y se espera que para el año que viene pueda repetirse la alianza. CiU y PP acordaron -lo votarán hoy- una resolución que proclama «una mayor participación del sector privado en la intermediación laboral y en el resto de políticas activas». La federación nacionalista, que reconoció errores en los recortes emprendidos en el sistema de salud, también votará este viernes a favor de varias resoluciones sobre sanidad propuestas por los populares.

El PP y Esquerra Republicana luchan por ser la pareja oficial del Govern. Pero hay un tercer pretendiente en tierra de nadie, el Partido Socialista de Catalunya, que aunque durante el debate se mostró muy duro con la Generalitat por culpa de los recortes, también tiene mucho que decir. Con su abstención, los socialistas facilitaron la investidura de Mas hace nueve meses, descartaron la sociovergencia, pero tienden la mano a CiU para grandes acuerdos de país.

Es el caso de la todavía inexistente ley electoral catalana. Socialistas y convergentes se han comprometido a retomar los trabajos parlamentarios para la elaboración de la norma.

La última sesión parlamentaria en la cámara autonómica sobre el debate de política general también sirvió para dejar lista para su votación por amplia mayoría la defensa del modelo de inmersión lingüística. Además, PSC, PP, ERC e ICV acordaron una resolución conjunta para obligar al Govern a presentar y debatir los Presupuestos de 2012, que incluirán nuevos recortes, antes del inicio de la campaña electoral.