PSOE y PP se enredan en los recortes sociales

La tijera de podar se ha convertido en el arma de moda en la artillería electoral. La bronca de la precampaña nacional entre PSOE y PP por los llamados recortes sociales ha llegado pues a Andalucía. La mecha ya la encendió Griñán el pasado Pleno de hace dos semanas, cuando alineó a Arenas con las políticas de recortes que su partido ha emprendido en Madrid o Castilla-La Mancha y que el presidente considera un peligro para el estado del bienestar. Griñán seguía el guión establecido por Rubalcaba para que los barones socialistas critiquen las políticas de ajustes en las autonomías donde gobierna el PP.

Javier Arenas vino al Pleno de ayer preparado. En su turno de control al presidente, espoleó a Griñán recordando una vez más cifras del paro, sobre todo la de los jóvenes y el escándalo de los ERE para luego detenerse en los recortes. Arenas le dijo a Griñán que el bienestar social no es patrimonio de los socialistas y puso en duda de que el presidente sea su garante con el siguiente argumento: «La mayor garantía del estado del bienestar es el empleo, por eso usted es un peligro para el estado del bienestar».

También se extendió en replicar la acusación socialista de que los gobiernos del PP privatizan servicios públicos, como educación o sanidad. Arenas preparó una riada de cifras para demostrar que los socialistas «dice una cosa y hacen otra».

Este ataque a donde más le duele al gobierno socialista hizo salir en tromba a los consejeros de Educación, Salud y Bienestar Social para negar lo que había dicho el dirigente popular. Arenas afirmó que los conciertos de la Junta en educación con la privada ha crecido en el último año un 47,3% en Andalucía, en concreto 4.424 unidades más, según datos del Ministerio de Educación. Francisco de la Chica explicó en los pasillos del Parlamento a los periodistas que se refieren a centros para niños de hasta tres años que Educación ha concertado con ayuntamientos y cooperativas.

Arenas también dijo que hay 112 centros de Día públicos por 256 privados; 161 residencias de mayores públicas por 539 privadas, mientras que el 90% de los centros de menores son privados. Micaela Navarro negó estas cifras y dijo que los conciertos con centros privados garantizan la atención sin coste alguno para el usuario. Para Arenas, los socialistas hacen lo contrario de lo que dicen. A Griñán le llamó «líder de los recortes sociales» y a su gobierno «plusmarquista nacional de la gestión privada de servicios públicos».

La catarata de cifras tuvo dos respuestas con ejemplos de Griñán. A la acusación de Arenas de que Salud ha recortado 3.600 millones de euros, le dijo que no sólo no era verdad, sino que habida cuenta de que no se ha cerrado ningún servicio en la sanidad andaluza, «habría que darle el premio Nobel de Economía a la consejera de Salud si hubiera podido ahorrarse 3.600 millones».

La firma de socialistas

Griñán también reiteró el caso de la Comunidad de Madrid, donde se incentiva a las familias que llevan a sus hijos a los colegios privados para diferenciar entre lo que es concertar con la privada y lo que es privatizar la educación. «No confunda concertaciones con privatizaciones», le dijo a Arenas, a quien insistió en que los grandes avances del bienestar social en España «llevan la firma de presidentes socialistas», en referencia a Felipe González y Rodríguez Zapatero.

Griñán volvió a insistir en centralizar el debate entre dos modelos, el de la derecha y el de la izquierda, y por ello anunció la celebración de un pleno extraordinario en enero para hacer balance de la legislatura y donde los tres líderes políticos que concurrirán como candidatos a la presidencia de la Junta podrán confrontar sus propuestas.

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, recriminó luego a Griñán que anuncie una propuesta sobre la que votó en contra hace quince días. Se refiere a la reforma del Reglamento de la Cámara planteada por el PP para que haya un pleno de balance del año.

La Cámara rechazó la reprobación de Zapatero pedida por el PP y votó a favor de reclamarle a su Gobierno las inversiones estatales no ejecutadas durante los años 2008 y 2009, cerca de 2.400 millones de euros, a propuesta socialista.