El ejecutivo pide a la Junta que asuma su responsabilidad en ayudas sociales

El pago de ayudas sociales que no le corresponde está contribuyendo a la asfixia sin tregua del Ayuntamiento. Así lo expresó ayer sin ambages la delegada de Bienestar Social, Isabel Paredes, asegurando que en la actualidad las arcas municipales asumen el 80% de los gastos generales en esta área, cuando según el Plan Concertado de Servicios Sociales cada administración competente debe asumir un 33%.

La consecuencia de este importante desembolso es una situación «insostenible» que según Paredes conlleva graves perjuicios para el sistema y un retraso reiterado en las ayudas de urgencia. Para más inri, recordó que el citado plan se creó en 1988, cuando las necesidades de la población eran muy diferentes a las de ahora. «Esta ley no tiene nada que ver con la realidad -criticó-. Hay que poner en marcha un nuevo modelo que se ajuste a las demandas actuales».

Ese 80% que soporta el Ayuntamiento equivale a 7.600.000 euros, frente a 1.007.423 euros que recibió en 2010 de la Junta o los 446.000 que en este concepto ha percibido del gobierno central, y que «no dan ni para sufragar los gastos del albergue juvenil». Por otro lado, existen partidas específicas como las destinadas a menores, que en algunos años se han dejado de percibir porque para ello se requiere que el Consistorio esté al día en materia tributaria y de Seguridad Social.

Debido a ello se han reducido plazas en los centros de atención a menores, lo que ha dejado a las familias necesitadas en «una importante desventaja social». En esta línea, también se han producido recortes en subvenciones para mayores e inmigrantes. «Ha habido un abandono por parte de la Junta de programas específicos que podrían suponer mejoras fundamentales para estas familias», lamentó la delegada.

En especie

Por ello, una de las principales medidas del nuevo gobierno local será la de instar al resto de administraciones a que aporten sus ayudas no vía subvención sino a través de transferencias, para garantizar el servicio. De esos 7,6 millones que abona el Ayuntamiento, Paredes destacó la cifra de 1.250.000 euros que van a parar a emergencias sociales, de los que 330.000 euros pertenecen a ayuda en especie gracias a un convenio con Carrefour.

Esos cheques benefician en estos momentos a 726 familias, aunque resulta llamativo que hasta 784 más permanezcan en lista de espera para adquirirlos. «Por todo esto los profesionales tienen serias dificultades para realizar su trabajo y se producen numerosas crisis de ansiedad y situaciones de estrés, porque la cuestión es dramática».

Como recalcó, la Ley de Dependencia ha «eclipsado» todas las demás ayudas y se han dejado de atender muchas de las necesidades básicas. Los citados cheques están comprendidos entre los 90 y los 150 euros para las familias numerosas, unas cantidades que se fijaron en 1988 y que como apuntó la concejala resultan insuficientes para la mayoría de los beneficiados.

Otra de las preocupaciones de la Delegación es el colapso de los servicios sociales, ya que solicitudes que por ley deberían estar resueltas en tres meses tardan hasta año y medio en ser atendidas, a pesar de las instituciones que «realizan un trabajo excepcional».