Moresco e Ybarra, con propietarios de viviendas ilegales. :: LA VOZ
EL PUERTO

Ecologistas denunciará a Enrique Moresco si retira las multas de casas ilegales

El alcalde anunció antes de las elecciones que se abría el proceso para suspender las sanciones a las viviendas que sí regula el nuevo PGOU

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Ecologistas en Acción ha anunciado que presentará una denuncia en los tribunales contra el alcalde, Enrique Moresco, y la edil de Urbanismo, Patricia Ybarra, si paralizan los expedientes sancionadores a los propietarios de viviendas ilegales. Desde el colectivo proponen que el importe de las multas ha de ser destinado a la construcción de viviendas protegidas, y no a compensar los gastos de urbanización que han de costear los dueños de las viviendas.

Esto es lo que, según el portavoz de Ecologistas, Juan Clavero, pretenden hacer los responsables políticos. «La Ley deja claro que las multas coercitivas se deben destinar a ampliar y mejorar el Patrimonio Municipal de Suelo, esto es, adquirir terrenos públicos para construir viviendas protegidas y equipamientos públicos. Quien tiene que compensarnos a la mayoría de ciudadanos que no hemos infringido la legalidad es la minoría que sí lo ha hecho». Ecologistas cargó contra el gobierno local, que anunció días antes de las elecciones la apertura de un procedimiento para que los propietarios de viviendas fuera de ordenación que presumiblemente serán legalizadas por el nuevo Plan General de Ordenación Urbana puedan solicitar la suspensión de las multas.

Ybarra dejó claro que sólo serán beneficiadas las viviendas que cumplan los requisitos. Pero esta acción, cuya legalidad ha sido cuestionada por otros consistorios con el mismo problema, ha sido denunciado por EA.

«Es lamentable que se tenga que recordar a los políticos que las leyes están para cumplirse y que no se puede prometer a los infractores que no se les sancionará, cuando además se trata de conductas gravísimas, que en ocasiones pueden incurrir en delitos tipificados en el Código Penal». Desde Ecologistas recordaron que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía dictamina que las parcelaciones ilegales no prescriben, por lo que el Ayuntamiento debe desmontar las infraestructuras -viales, redes de agua y electricidad, accesos.- con independencia de su antigüedad. «Pero no hay ni un solo expediente contra estas parcelaciones, solo contra las viviendas individuales, lo que ha permitido la total impunidad de los que han parcelado y urbanizado de forma ilegal fincas en suelo no urbanizable.