La Fiscalía denuncia vertidos sin depurar en Benaocaz, Trebujena y San José del Valle

Del váter, la ducha o el fregadero directamente a los ríos, arroyos o pozos ciegos. El siglo XXI no ha llegado a muchos puntos de la provincia de Cádiz donde casi se encuentra en la Edad Media, época en la que el «¡agua va!» que se gritaba poco antes de arrojar las aguas menos nobles de las bacinillas (escupideras) por las ventanas invitaban al viandante a retirarse rápidamente, para evitar que se le viniera encina una lluvia poco agradable.

Está claro que no hemos avanzado tanto si todavía hay municipios que vierten sus aguas residuales directamente a ríos, arroyos, pozos ciegos o incluso al mar sin que esa agua pase un tratamiento adecuado para no contaminar. Esta realidad está haciendo que tres poblaciones de la provincia vivan una situación rocambolesca después de una denuncia de Ecologistas en Acción (EA) ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo.

Dicha Fiscalía ha remitido, con carácter de denuncia, a los juzgados de instrucción de Jerez, Sanlucar de Barrameda y Ubrique la documentación para que incoen las oportunas diligencias previas que «puedan evidenciar que los municipios de Benaocaz, Trebujena y San José del Valle han podido cometer delito penal al no depurar sus aguas residuales», destacan desde la organización proteccionista.

Lo extraño de la situación para los regidores de estos pueblos es que se les achaca a ellos obligación de construir estas instalaciones cuando «a los municipios de 20.000 habitantes es la Junta de Andalucía, a través de Medio Ambiente y la Agencia Andaluza del Agua, quien construye estas instalaciones», destaca el alcalde de Trebujena Manuel Cárdenas (IU). Él reta a los ecologistas, la Administración y el juzgado a que «digan en que localidad de estas características el Ayuntamiento es quien ha pagado esta obra».

Y es que todos los alcaldes implicados coinciden en recordar que sus municipios no tienen capacidad para hacer frente a estas obras. En Trebujena el presupuesto municipal asciende a 7 millones de euros, en San José del Valle supera por poco los 2,5 millones de euros y en Benaocaz apenas llega a dos «ya me dirán de donde saco yo tres o cuatro millones para pagar una obra de este tipo», destaca el alcalde benaocaceño, Manuel Cabrera (PSOE). Además, para ellos llueve sobre mojados porque el que más y el que menos lleva unos cuantos años solicitando que se construya su depuradora y llevando a cabo diversas gestiones. Cárdenas recuerda que «hace doce años que empezamos con este tema y después de cederle tres terrenos diferentes a la Agencia Andaluza del Agua, en la última reunión que tuvimos con los técnicos nos dicen que están planteándose el cambio de ubicación». El regidor trebujenero destacó que «esto será una maniobra para atrasar el proyecto, ya que no tienen fondos, y encima nos llevan ante la Justicia».

Otras localidades

Otros municipios de la comarca serrana siguen teniendo problemas de vertidos ya que carecen de depuradoras. El caso más llamativo es el de Bornos que envía sus aguas residuales directamente al lago, algo que no concuerda mucho con el desarrollo turístico que se quiere conseguir en torno al mismo.

Además, en la barriada arcense de Jédula se inició la construcción de una depuradora y después de invertir 600.000 euros la misma quedó abandonada, sin llegar a terminarse la obra, alegando que no tenía una buena ubicación. Las barriadas rurales de Arcos tampoco depuran sus aguas.

La actuación de la Fiscalía es el resultado de la denuncia realizada por EA en octubre del 2010, al poner de manifiesto que los tres municipios denunciados estaban incumpliendo la Directiva europea 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, por la cual todos los municipios de más de 1.500 habitantes equivalente están obligados a depurar sus aguas residuales desde el 1 de enero de 2006.

Los ecologistas recuerdan, además, que las necesarias estaciones depuradoras de aguas residuales para los tres municipios están declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía y, sin embargo, «los tres ayuntamientos implicados en esto han hecho caso omiso a este compromiso medioambiental y sanitario, vertiendo todas sus aguas residuales a cauce público sin la más mínima depuración, de forma continua, dolosa y haciendo caso omiso a los continuos requerimientos de la Administración competente en materia de aguas».