El presidente del Consejo Consultivo ataca al Constitucional por el fallo del Guadalquivir

La polémica de los ERE dejó sin recorrido el varapalo del Tribunal Constitucional a la pretensión andaluza de gestionar la cuenca del Guadalquivir. Apenas ha tenido eco la sentencia del alto tribunal del pasado 15 de marzo anulando el artículo 51 del Estatuto de Andalucía y dejando en el aire la gestión en materia hidráulica de la Junta de los dos últimos años. Pero ayer el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso, repescó el asunto para criticar al Tribunal Constitucional por su deliberación sobre el Guadalquivir de una forma que ni siquiera se atrevió a hacer en su día el presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Cano Bueso consideró «un agravio comparativo» la sentencia respecto de la que hizo el Constitucional sobre el Estatuto catalán. «No nos merecíamos este trato», lamentó, admitiendo que la sentencia sentó mal al Consejo.

Cano Bueso hizo estas afirmaciones tras el acto ayer en San Telmo de la toma de posesión de los nuevos miembros del Consejo, el ex presidente de la Junta, Rafael Escuredo, y el doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, Francisco Gutiérrez Rodríguez, el primero a propuesta del PSOE y el segundo, del Partido Popular.

El Consejo Consultivo dio el visto bueno al Estatuto de Andalucía antes de ser este aprobado en 2006. Juan Cano Bueso recordó el esfuerzo del organismo para que el texto matizara lo más posible el artículo 51 para que no dejara dudas de que las competencias exclusivas a las que alude se refieren sólo a las aguas que transcurren por territorio andaluz.

Vocación constitucionalista

También aludió a las concreciones introducidas con el mismo objetivo durante su aprobación en el Parlamento y en el Congreso. En este incluso el texto fue reconducido al título 149 de la Constitución a propuesta del PP. «Me parece que el Tribunal Constitucional no ha hecho el esfuerzo que se merecía la vocación constitucionalista de Andalucía», manifestó Cano Bueso.

El presidente del Consultivo se quejó de que el alto tribunal sí se esforzara para considerar constitucionales las veguerías, que sustituyen en Cataluña a las diputaciones provinciales, y no hiciera lo mismo con el Guadalquivir. «Yo creo que no se nos ha respetado y se nos ha tratado de manera desigual. En mi opinión es un agravio comparativo respecto al trato dado al Estatuto de Cataluña», enfatizó.

Juan Cano Bueso, que defendió la neutralidad política e independencia del Consejo Consultivo, dio a conocer a Griñán la memoria de 2010, en la que el organismo ha emitido 882 dictámenes, 747 de ellos en sentido favorable a la resolución de la Administración, 85 en sentido desfavorable y 50 fueron devueltos.