El PP recurre para que la jueza pueda estudiar ya las actas del Gobierno

El Partido Popular ha presentado dos escritos en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla en los que pide y defiende que la magistrada que investiga el caso de las prejubilaciones falsas tenga acceso ya a todas las actas de los consejos de Gobierno desde 2001, depositadas desde el pasado día 7 en el edificio de los juzgados de Sevilla en un armario sellado hasta que se resuelva el conflicto jurisdiccional planteado por la Junta de Andalucía. El PP defiende que no ha lugar al conflicto de jurisdicción y que la magistrada es competente para acceder a las actas, en contra de lo que opina la fiscalía anticorrupción y la Junta. Un tercer escrito del PP pide a la jueza Mercedes Alaya que investigue los ERE (expedientes de regulación de empleo) muertos, es decir, los que ya se cobraron, según informó ayer Antonio Sanz, secretario general del PP-A. Sanz acusó al Gobierno andaluz de «obstruccionismo, desobediencia y falta de auxilio» a la autoridad judicial.

Los escritos del PP apoyan la posición de la magistrada en la pugna que mantiene con la Junta de Andalucía sobre el modo de acceder a las decisiones del Gobierno andaluz concernientes a las ayudas para prejubilaciones y empresas en crisis, cuyo procedimiento fue cuestionado por la Intervención General de Hacienda y la policía considera ilegal. La magistrada ya advirtió en uno de sus autos de un posible delito de prevaricación de miembros del Gobierno.

Esta pugna comenzó el pasado 21 de marzo, cuando la jueza instó a la Junta mediante un auto a remitirle las actas de todos los consejos de Gobierno desde 2001 para su examen. En total, 480. El 29 de marzo, la Junta respondía a la magistrada con un recurso de apelación directo contra dicho auto en el que pedía su nulidad por el carácter secreto o reservado de las deliberaciones del Consejo y por la ausencia de motivación o expresión razonada de la pertinencia de los documentos requeridos. La Junta planteó ese día un requerimiento de inhibición por incompetencia a la jueza, que debía resolver el Tribunal Supremo.

La magistrada Mercedes Alaya respondió al día siguiente, 30 de marzo, con otro auto en el que detallaba las razones para pedir las actas afirmando que lo que hay en estas (acuerdos e informes) no son secretos, mientras que las deliberaciones y votos, que sí lo son, no serían examinados por ella.

El abogado de la Junta ratificó el 4 de abril el recurso de requerimiento de inhibición a la magistrada. Esta, además de cursar el mismo a las partes personadas y a la Fiscalía para su pronunciamiento, instó en otro auto a la Junta ese día 4 a depositar de forma cautelar las actas «selladas» en el Juzgado en un plazo de 72 horas, advirtiéndole de cometer un delito si no lo hacía y argumentando la orden en que pudieran ser manipuladas.

La Fiscalía anticorrupción se pronunció con un recurso contra el auto de la jueza y consideró desproporcionada la orden del depósito cautelar. La Junta también ha recurrido, reclamando que la magistrada eleve sin demora al Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales del Supremo la decisión.

El recurso planteado por el PP pide la impugnación del auto de la magistrada del día 4, pero por diferentes motivos. El PP considera improcedente el conflicto de jurisdicción, por lo que no ha lugar el depósito sellado de las actas. El PP alega que lo que la Junta mantiene es una diferencia de criterio con la jueza, que ha de «solventarse por la vía de los recursos judiciales que procedan». El letrado del PP también argumenta el carácter público de las actas porque estas no contienen votos o deliberaciones. El PP, que se pregunta «cuáles son los intereses propios y concretos de la Junta» para promover este conflicto y que sostiene una «clara intencionalidad» del ejecutivo «de obstruir la acción de la Justicia», advierte de la responsabilidad penal del mismo «si persiste en esta actitud».

El PP utiliza los mismos argumentos en las alegaciones presentadas al recurso de la Junta contra el auto de la jueza. La Audiencia Provincial será la que delibere. En caso de aceptar la petición del PP, este entiende que la jueza podría abrir sin reparo las actas del Gobierno para su examen.

Sanz explicó que ha pedido a la jueza la investigación de los ERE muertos ante la negativa de la Junta a hacerlo y ante la sospecha de la existencia muchos más intrusos que en los vivos.