El nuevo partido pierde la primera batalla del Supremo

Sortu perdió ayer la primera batalla en el Supremo. El alto tribunal ignoró la petición de la formación de la izquierda 'abertzale' de que no hubiera vista pública para examinar las demandas interpuestas por la Fiscalía y los servicios jurídicos del Gobierno, en las que piden que se deniegue su inscripción en el registro de partidos del Ministerio del Interior por ser heredera de la ilegalizada Batasuna.

Los letrados de la formación, Iñigo Iruín y Adolfo Araiz, en la respuesta a las alegaciones, habían reclamado expresamente que no se celebrara esta vista, que había pedido la Fiscalía, por considerarla «innecesaria». Los abogados, que recordaron que este trámite no se recoge en la ley de partidos, sostenían que no era preceptivo escuchar a los autores de los informes, es decir policías y guardias civiles, porque las conclusiones de esos documentos que el Ejecutivo y la Fiscalía usan como base para pedir la ilegalización de Sortu eran «meras deducciones o inferencias».

Pero la Sala del 61 ha decidido que sí que quiere escucharlos. Luz y taquígrafos como hace cuatro años. Los magistrados de la Sala Especial quieren copiar paso por paso el procedimiento que usaron en la primavera de 2007 cuando cortaron el paso a los comicios a Abertzale Sozialisten Batasuna, el único antecedente de un partido de nuevo cuño cuya alta en el registro se impugnó. Como entonces, los promotores de la formación y los servicios jurídicos de la Fiscalía y del Gobierno expondrán sus argumentos en público, y también en público declararán los peritos o expertos de una y otra parte. Todo ello, en una sesión convocada de urgencia porque el alto tribunal quiere resolver cuanto antes el futuro del partido, desde luego antes del 5 de mayo, cuando comienza la campaña de las elecciones autonómicas y municipales.

Los 16 magistrados de la Sala Especial, que estará presidida por el máximo responsable del alto tribunal, Carlos Dívar, se reunirá a partir de las 10.30 horas del lunes. Será entonces cuando decidan sobre las pruebas reclamadas por las partes. Habida cuenta de la amplitud de las pruebas solicitadas, el Supremo remitió ayer varios oficios para, en el caso de aprobar esas diligencias, estén presentes en Madrid las personas que deben declarar y los documentos a examinar.

Sobre la mesa de los magistrados estarán también los escritos de las tres partes. El primero, registrado el 3 de marzo, es el de la Abogacía del Estado. Los letrados de Justicia demandan al tribunal que vete la inscripción de Sortu porque el nuevo partido es «una reedición de Batasuna» y un proyecto cuyo «motor y actor principal» sigue siendo la dirección de la organización terrorista. Mantiene además que su rechazo público de la violencia es «cosmético y retórico, no real», y que detrás de ese pronunciamiento no hay más que un movimiento «táctico», bendecido por la propia ETA.

El segundo de los documentos es el que la Fiscalía registró el 7 de marzo, y en el que se sostiene que ETA «tuteló» el nacimiento de Sortu y que el nuevo partido «es creación íntegra, diseño absoluto y configuración completa de Batasuna, habiendo sido aprobado por la misma». Sortu -sostiene el Ministerio Público- ha nacido «en el seno y a la sombra» de la coalición abertzale.

Fin de ETA

El nuevo partido, por su parte, contestó esas alegaciones el martes. Iruín y Araiz pidieron que se permita inscribir a Sortu porque su legalización supondría «la estrangulación definitiva de cualquier espacio social y político para quienes practican la violencia» y «aceleraría» la desaparición de la propia ETA.

Según informaron fuentes judiciales, los magistrados de la Sala del 61 iniciarán sus deliberaciones inmediatamente después del final de la vista pública. El Supremo no tiene un plazo legal para resolver las demandas, pero el tribunal ya ha anunciado que acelerará la resolución todo lo posible. De hecho, ha habilitado todos los fines de semana de marzo por si fuera necesario extender las deliberaciones sobre un fallo.

Entre tanto, el fiscal general, Cándido Conde Pumpido, insistió ayer en que la Fiscalía «seguirá pidiendo» la ilegalización, mientras Sortu no reclame a la banda terrorista que desaparezca.