La jueza cita a declarar como imputado al exconsejero Fernández por la trama de los ERE

La trama e los falsos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en Andalucía ha terminado por tocar directamente al exconsejero de Empleo, el jerezano Antonio Fernández. La titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, le ha enviado un burofax informándole de su próxima declaración como imputado en el caso. La magistrada quiere esclarecer si ha cometido supuestos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias en la tramitación de los ERE en los que se han detectado beneficiarios que nunca trabajaron en empresas que pedían las ayudas, conocidos como intrusos. El Gobierno de la Junta ha puesto a disposición de la justicia 68 expedientes de regulación aprobados entre 2001 y 2010. Cabe recordar que Antonio Fernández fue consejero de Empleo entre 2004 y abril de 2010.

De momento se han investigado 64 expedientes y se han detectado 146 irregularidades, de las que 59 pertenecen a personas que se han beneficiado de la condición de prejubilado sin haber trabajado nunca en la empresa que solicitó el ERE, los famosos intrusos, y 87 que tienen vinculación con la empresa, pero hay dudas sobre su incorporación. De los intrusos detectados hay dos casos que salpican a la provincia de Cádiz y se refiere al expediente de Delphi, que tuvo lugar en plena gestión política de Antonio Fernández. Este periódico ha podido confirmar que el ERE de Delphi afectó a 645 personas, de los que 37 pertenecían a la industria auxiliar. La Junta ha reconocido que los dos intrusos localizados están al margen del contingente de los 645 y pertenecen a la industria auxiliar.

Antonio Fernández está también prejubilado a través de un ERE autorizado por un subordinado suyo y su expediente incurre en varios errores, como atribuirle una antigüedad en la empresa desde el mismo día de su nacimiento. Este expedientes es el de la firma bodeguera González Byass, firmado en mayo de 2008 y que afectó a 91 trabajadores.

Fuentes del caso han explicado que el que fuera consejero andaluz de Empleo e integrante del núcleo duro del expresidente Manuel Chaves, recibió un burofax en el que se le invita a personarse en la causa con su abogado porque de la investigación se deducen responsabilidades penales contra él y, por tanto, será citado a declarar. La imputación será confirmada el día que acuda al juzgado.

La imputación de Fernández se produce porque en 2001 era gerente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), el ente público que asumió el pago de las ayudas a empresas en crisis y los expedientes de regulación. El IFA ejercía esas funciones en virtud de un acuerdo con la Consejería de Empleo firmado ese mismo año. Dicho acuerdo, según denuncia la oposición y consta en el informe de la Policía Judicial, se hizo para eludir así cualquier control o fiscalización a la hora de otorgar las ayudas, y provocó el descontrol administrativo que cuestionó la Intervención General de Hacienda. Tres años después, Fernández asumió el cargo de consejero andaluz de Empleo hasta 2010, un periodo en los que mantuvo en su cargo al director general de Trabajo y considerado principal urdidor de la trama de los ERE fraudulentos, Francisco Javier Guerrero. Tras más de una década en distintos altos cargos en la administración regional, fue relevado como consejero poco después de la llegada a la Presidencia de la Junta José Antonio Griñán. En la actualidad, preside el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Jerez.