Los fabricantes amenazan con desinversiones tras perder el pulso con los concesionarios

La automoción española está que arde. Los fabricantes se han levantado en armas y amenazan con desinversiones después de que el pasado martes el Congreso aprobara la Ley de Economía Sostenible (LES) y, con ella, una disposición adicional que trastoca la relación contractual entre las marcas y los concesionarios, que salen vencedores del pulso que mantenían hace años con las marcas .

«Engañados, indignados y traicionados» por el Partido Popular y Convergencia i Unió. Así se siente la patronal de las marcas (Anfac) a la vista del panorama que se le presenta y que, advierte, pone en peligro las inversiones de las multinacionales en España y buena parte del empleo en el sector. El enfado es tal que han decidido boicotear el Salón del Automóvil de Barcelona, previsto para el mes de mayo.

Las nuevas reglas de juego, que no tienen carácter retroactivo y estarán vigentes hasta completar una legislación que ya se prepara, suponen un cambio notable y obligan a los fabricantes a, entre otras cosas, recomprar los coches que los vendedores no logren comercializar en 60 días. En caso de extinción de contrato, la marca deberá pagar al distribuidor la inversiones pendientes de amortizar, las indemnizaciones por los despidos que deba afrontar y, además, habrá de comprarle las mercancías (autos y repuestos) que aún tenga en 'stock'. El proveedor no podrá negarse a la cesión del contrato de distribución.

Anfac tiene claro que no firmará nuevos contratos ni renovará los que concluyan de aquí en adelante, lo que abre la puerta a la creación de filiales de las marcas especializadas en la venta de coches al margen de los concesionarios tradicionales. La cara visible de esa indignación es la de Francisco Javier García Sanz, presidente de Anfac, que acusa a los partidos políticos, en especial a PP y CiU, de no haber medido las consecuencias de una enmienda (la número 234) alumbrada en el Senado por los grupos nacionalistas y que, asegura, no han consensuado con el sector. «Han puesto en peligro los puestos de trabajo de muchas familias que trabajan en esas factorías, en un negocio del que viven dos millones de personas que lo que necesita en realidad es tranquilidad y confianza», señaló ayer visiblemente molesto el directivo.

«Se han equivocado y tienen que rectificar o, de lo contrario, serán responsables de las pérdidas de inversión», añadió. García Sanz recordó que la enmienda, que modifica la actual regulación del contrato de agencia (vigente desde 1992), establece una directriz «única en la Unión Europea, inoportuna e injustificada». «Las matrices, que deciden sobre las inversiones, no entienden esta medida», advirtió. A su juicio, la enmienda, que sólo recibió el voto en contra del PSOE, es una «chapuza normativa que sólo crea distorsiones».

Una crítica que comparte UGT, el primer sindicato en el sector, cuyo responsable de automoción, Rogelio Mena, pide a comunidades autónomas con plantas de automoción «como la Generalitat, Castilla y León o el País Vasco», en alusión a PP, CiU y PNV, que presionen para revocar la situación. «Se ponen en peligro cientos de miles de empleos y la adjudicación de nuevos modelos para España», apunta el líder ugetista, que tiene claro que está en juego «todo el esfuerzo de diálogo social realizado en los dos últimos años de crisis para salvaguardar y asegurar el futuro de la automoción».

Oferta de diálogo

Desde la patronal de los concesionarios (Faconauto) se disfruta sin alardes de la 'victoria'. La organización entiende que el nuevo marco otorga seguridad al negocio y «salvaguarda la continuidad de 150.000 empleos después de que la crisis se haya llevado por delante 35.000».

El secretario general de la asociación, Blas Vives, espera que «las aguas vuelvan a su cauce» y aboga por el diálogo con los fabricantes «siempre en beneficio de un gran negocio como es la automoción». Vives, sin embargo, no ve lógico que las marcas amenacen con cortar las inversiones «que en realidad las deciden las corporaciones en el marco internacional».

La situación ha disparado las alarmas en el Gobierno. El Ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha convocado de manera urgente a las autonomías con plantas de automoción, así como a la patronal y los interlocutores sociales en el marco de la mesa de diálogo social reforzado. Los encuentros se celebrarán la próxima semana. El Gobierno ha apostado en los últimos tiempos por la automoción con programas de apoyo y subvenciones, y nada sería más peligroso para el futuro del sector que sus 'dueños' se sientan engañados por un Ejecutivo que les había prometido seguridad jurídica.