La caída del segundo imperio

La rueda de prensa que ayer convocó José María Ruiz-Mateos para reconocer los problemas de sus empresas y declarar su firme voluntad de hacerles frente tuvo reminiscencias de aquella otra multitudinaria en la que, casi 28 años atrás, denunció ser «víctima de un atropello sin precedentes».

El 23 de febrero de 1983, el primer Gobierno socialista de Felipe González expropió Rumasa. El Estado calcularía después que le costó 625.000 millones de peseta sanear las empresas del holding o liquidarlas. El peculiar empresario y propietario del grupo, José María Ruiz Mateos, nunca aceptó que aquella acción estuviera justificada.

Durante una década desarrolló todo tipo de ardides para llamar la atención. Su hija Paloma lanzó una tarta a la cara de Isabel Preysler, la nueva esposa del exministro Miguel Boyer, que decidió la expropiación. El empresario se disfrazó de Superman, profirió frases más cómicas que amenazantes -«¡Que te pego, leche!»-, y declaró estar en posesión de cintas del Centro Superior de Información de la Defensa (CSID). Tras huir a Londres, fue extraditado desde Francfort, pasó por la cárcel en tres ocasiones y hasta consiguió ser elegido representante de su propia formación política en el Parlamento Europeo. Todo ello con el propósito de defender su causa. Los tribunales le dieron en parte la razón. Aunque el Tribunal Constitucional bendijo la expropiación, José María Ruiz-Mateos fue absuelto de los delitos de falsedad y estafa.

Al Ruiz-Mateos de la primera Rumasa, entonces bautizada como 'el imperio de la abeja', le perdió su aspiración de ser, además de empresario, un banquero como los grandes. Entre 1961 y 1982 acumuló cientos de sociedades de toda naturaleza, con la colaboración, en muchos casos, de autoridades que veían en Rumasa la única opción para colocar empresas en ruinas.

Cuando los socialistas llegaron al poder en 1982, Rumasa era el primer conglomerado privado de España. Nada transparente, eso sí, integraba diecinueve bancos. Las alarmas saltaron con la adquisición de la mayoría del capital del Atlántico, porque Ruiz-Mateos pagó la compra con créditos que el Banco del Noroeste -de su propia red- concedió a algunas de sus sociedades de cartera. La gran crisis bancaria registrada entre 1977 y 1985 seguía su curso y cuando un bisoño Miguel Boyer declaró, el 18 de febrero, que si Rumasa no colaboraba con la auditora Arthur Andersen tendría que vérselas con los inspectores del Banco de España, los acontecimientos se precipitaron.