Los sindicatos ven indignante una trama que «se ha desarrollado en los despachos»

««Indignante», «inadmisible» y «una verdadera vergüenza». Los principales líderes sindicales de la provincia de Cádiz no ahorraron ayer calificativos para referirse a la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) en los que se han detectado irregularidades por la inclusión de nombres de personas que no tenían derecho a las prejubilaciones, un proceso que se ha destapado a raíz de las investigaciones del 'caso Mercasevilla' y que ya ha desembarcado en esta zona con los registros a la aseguradora Uniter en sus sedes de la capital gaditana y de Jerez.

En ese sentido, y a tenor de que las investigaciones de la titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, van a continuar con el análisis de los listados incautados de ERE y de las personas integradas en ellos, el secretario general de CC OO en Cádiz, Manuel Ruiz, quiso lanzar ayer un mensaje contundente y afirmó que «hay que actuar sin miramientos contra los que han utilizado y han abusado de un instrumento que está al servicio de los trabajadores y de las empresas en situación de crisis». Ruiz pidió que se depuren responsabilidades «tanto jurídicas como políticas» por esta trama que ha pervertido una herramienta que «en el caso concreto de la provincia de Cádiz, una de las más castigadas por la economía, ha servido para dar una salida digna a muchas empresas en mala situación y a sus trabajadores».

De esta forma, y al hilo de la información adelantada por este medio de que la Policía Judicial, por orden de la jueza encargada del caso, reclamó a la empresa Uniter la documentación relativa a los ERE que se han tramitado con intervención de la Junta desde el año 2001, el líder de CC OO apuntó que «todos los grandes expedientes que se han negociado en ese periodo en Cádiz tienen que ver a grandes rasgos con la reconversión de la vid y las bodegas, con la naval y el cierre de sus compañías auxiliares, con el cerrojazo de Delphi o el de Puleva». Es decir, casos muy «traumáticos» en los que la intervención de la administración «era necesaria y no hay que cuestionar».

Ruiz instó a «evitar generalizaciones» y a «no arrojar sombra de duda» sobre procesos que beneficiaron a muchos y se hicieron dentro de la legalidad. «Otra cosa es que algún espabilado tratara de aprovecharse, y si es así hay que ir a por ellos», dijo.

Y por si quedaban pocas dudas de dónde puede estar el problema, el secretario general de CC OO en Cádiz dejó muy claro que «las irregularidades, la inclusión de nombres, solo pudo producirse en los despachos de la administración, porque en ahí donde se firmaban las pólizas de las prejubilaciones y se asignaban las cantidades, ya que en el resto del proceso solo hay una negociación entre empresa y comité de empresa con listados muy contrastados de los empleados y donde no hay posibilidad de ni una sola injerencia».

Tampoco quiso adelantar acontecimientos el secretario general de UGT en Cádiz, Salvador Mera, que recalcó que por el momento las centrales sindicales no tienen más información que la que se conoce a través de los medios y de las declaraciones de los políticos. Eso sí, el líder provincial de este sindicato adelantó que «en los casos en los que se descubran fraudes y malos usos de los recursos que deben ser para los trabajadores hay que actuar con contundencia». Mera no concebía ayer que haya personas que se hayan dedicado a aprovecharse de los fondos que estaban destinado a ayudar a quienes en situación de crisis pierden su empleo.