Dos policías serán juzgados en abril en el marco de la 'operación Corralito'

El juez ya ha puesto fecha para la vista oral de la fase de la 'operación Corralito' que más ha desatado el interés mediático, y con él la polémica. Los días elegidos para la celebración del juicio son el 13 y el 14 de abril, cuando se sentarán en el banquillo de la Sección Octava de la Audiencia Provincial los dos policías locales que fueron finalmente imputados por un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos.

En concreto, P. J. B. y J. M. N. L. se enfrentan a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de diez meses, además de asumir las costas del procedimiento. Así consta en la calificación del fiscal, a la que este periódico ha tenido acceso, donde se aclara que ambos pertenecen al grupo de Investigación del Cuerpo, entre cuyas funciones se encuentra la de perseguir el tráfico de estupefacientes y eso es precisamente lo que les ha conectado con el caso.

Todo se remonta a mayo de 2009, como aparece en el escrito, fecha en la que uno de los imputados, J. M. N. L, recibió presuntamente una llamada de Manuela G. M, condenada en la primera de las fases de la operación por un delito contra la salud pública. En esa llamada y siempre según el fiscal, esta persona alertaba al agente de que se iba a realizar una venta de droga en su domicilio. Con tal información y con conocimiento de su superior, el identificado como P. J. B, el funcionario interceptó al individuo que supuestamente iba a comprar la sustancia y le intervino los 0,46 gramos de cocaína que llevaba encima, levantando la correspondiente acta.

Sin embargo, el Ministerio Fiscal sostiene que ninguno de los dos dio cuenta al grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional del contenido de esa llamada telefónica ni comunicó el hecho de que Manuela G. M. se estaba dedicando al tráfico de estupefacientes, lo que interpreta como una dejación de funciones por parte de los agentes.

Apoyo a los funcionarios

Como se recordará, en un primer momento el caso salpicó a tres funcionarios, dos de ellos de la Policía Local y otro de la Nacional. Mientras que la causa, en lo relativo a la supuesta vinculación de este último fue archivada, los municipales no corrieron tanta suerte y serán juzgados dentro de esta tercera y última fase que se ha fijado para la citada fecha.

Cuando la operación salió a la luz y se puso en tela de juicio la intervención de los profesionales, muchas fueron las voces que surgieron para defender su buen hacer. Una de ellas fue la del Sindicato Independiente de la Policía, que garantizó su confianza en la inocencia de los agentes, argumentando, entre otras razones, que ellos entregaron voluntariamente al juzgado 26 documentos que certifican que la imputación es infundada, y que se basa únicamente en las declaraciones de los miembros de un clan delictivo.

En lo que respecta al resto de las fases, la primera de ellas se saldó el pasado mes de diciembre con una sentencia inculpatoria para doce implicados que fueron condenados a diversas penas de cárcel por un delito contra la salud pública. La segunda fase será juzgada el próximo 22 de marzo, cuando se sentarán en el banquillo otras ocho personas acusadas también de narcotráfico. En mayo de 2009, cuando la Policía culminó el operativo, se detuvo a casi una treintena de individuos y se intervinieron tres kilos de cocaína y 20.000 euros en una de las operaciones contra la droga más sonadas en Jerez de los últimos años.