La investigación de los ERE irregulares desembarca en Jerez

Hace apenas unos días el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, en una de sus intervenciones para reclamar a la administración autonómica que diera explicaciones sobre la trama de expedientes de regulación de empleo irregulares que han saltado a la luz en el marco de las investigaciones del 'caso Mercasevilla', puso el acento en dos empresas de seguros concretas que habían sido las encargadas de tramitar «prácticamente» la totalidad de los 200 ERE llevados a cabo durante los años que están siendo analizados y que ya van más allá del mercado central de abastos. Una de esas empresas es la correduría de seguros Uniter, cuya sede central está ubicada en Jerez, y que según apuntan todas las fuentes del caso ha actuado como 'broker' o intermediaria en las tramitaciones junto a otra compañía, Vitalia Vida, o a conocidos exsindicalistas.

Y es por estas sospechas que se han ido desgranando en el marco de la investigación que la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla, por orden de la juez de instrucción número 6 de la capital hispalense que dirige las diligencias del 'caso Mercasevilla', Mercedes Alaya, ya ha desembarcado en la provincia de Cádiz. Así, como ha podido saber este medio por fuentes del caso, desde el pasado viernes y hasta ayer mismo se han producido registros en las sedes que la empresa Uniter tiene tanto en la ciudad de Jerez (donde las instalaciones se ubican en la calle Larga), como en la capital gaditana (donde el local se encuentra en la avenida del Puerto).

Pero no queda ahí la cosa, ya que las diligencias judiciales han llevado a los agentes encargados a desplazarse también a la sede de Uniter en Sevilla, y a las que tiene en otras provincias como Jaén (Linares) o Huelva, con lo que en total han sido los lugares en los que se han llevado a cabo registros.

Documentación por analizar

En el marco de esta operación, y siempre según las fuentes de la investigación consultadas por este medio, se ha intervenido numerosa documentación y archivos que ahora tendrán que ser analizados para descubrir hasta donde alcanza esta «trama de mediadores» en los expedientes. No en vano, como ya constató hace días el atestado de la Policía Judicial, se presupone que estos intermediarios eran los encargados de introducir a personas ajenas u «hombres de paja» en las prejubilaciones al objeto de cobrar de forma fraudulenta las rentas de estas prejubilaciones que tenían lugar en diversas empresas. Y es que, a estas alturas del caso, ya nadie cree que lo descubierto se limite solo a Mercasevilla.

Según las conclusiones de la policía judicial, la llegada en 1999 de Francisco Javier Guerrero a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo «cambia el procedimiento» para la concesión de ayudas para las prejubilaciones en empresas sujetas a ERE. Los investigadores destacan que este nuevo sistema significó un «incumplimiento flagrante» de lo establecido en el artículo 106 de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta porque no se publicó en el BOJA, tal y como reconoció el propio Guerrero en su declaración ante la Brigada Provincial.

Según el atestado policial, gracias a la firma de un acuerdo entre el departamento de Guerrero y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) -hoy Agencia IDEA-, ésta se convertía en la «pagadora» de estas subvenciones «evitando los controles y la fiscalización propia» de este tipo de libramientos. En el atestado se habla de la aparición de intermediarios o «mediadores» para la concesión de ayudas a los ERE entre el comité de empresa y la empresa, por un lado, y la Junta por otro, y el informe cita textualmente el caso del ex sindicalista Juan Lanzas o las compañías Vitalia Vida o Uniter, que se encargan de enviar el listado a la aseguradora y a la Dirección General de Trabajo para su aprobación. «En este interín es cuando se introducen personas ajenas a la empresa y que aparecen como trabajadores con derecho al cobro de las rentas», añade el atestado policial.