Urbanismo ultima la ordenanza que dará servicios al suelo no urbanizable

El Ayuntamiento ultima en estos momentos una ordenanza municipal que permitirá dotar de servicios básicos como agua corriente, suministro eléctrico o alcantarillado, a cientos de viviendas que han quedado fuera del proceso de legalización por encontrarse edificadas en suelo calificado como no urbanizable.

Este conjunto de viviendas, siempre que no cuenten con un expediente urbanístico sancionador en trámites, quedarán en un régimen intermedio, conocido legalmente como fuera de ordenación tolerada en el nuevo Plan General, y por tanto podrán contar con suministros, aunque sus propietarios no puedan obtener los papeles ni la certificación de viviendas legales, como sí sucederá con las construcciones que se incluyen en las Áreas de Gestión Básica.

Según ha podido saber este medio, la intención de la Gerencia de Urbanismo es llevar a aprobación plenaria este nuevo marco legal en breve. De hecho podría ser la sesión ordinaria de este mismo mes de febrero la que acoja el debate.

La GMU lo hará, como ya han hecho otros municipios como El Puerto de Santa María o Barbate, amparada en el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Junta de Andalucía, que da la posibilidad de consolidar aquellos núcleos poblacionales irregulares estables, en los que se ha edificado sin licencia durante los últimos años en suelos calificados como no urbanizables.

A lo largo y ancho del término municipal chiclanero, se calcula que podría haber más de un millar de viviendas en esta situación.

Se trata en su mayoría de zonas agrícolas del diseminado, que han terminado convirtiéndose en núcleos residenciales con el boom urbanístico de la ciudad. Son urbanizaciones tan conocidas y pobladas como El Cotín, Los Llanos, la urbanización Pata de Palo, Cuartillos del Toril o las inmediaciones de la Venta la Raya o del Pago Melilla.

En todas ellas, una gran mayoría de las casas que existen sirven de primera residencia para sus propietarios, que deben convivir a diario con la falta de suministro eléctrico o de agua potable de red general. La intención municipal es dotar de servicios estas zonas, pero dejando claro que el pago de los mismos y las infraestructuras que se acometan para proporcionarlos deberán correr a cargo de los residentes.

De momento, hace unos días representantes municipales han mantenido un encuentro con algunos de los vecinos y representantes de estas zonas fuera de ordenación tolerada. Según fuentes municipales «se trata de resolver un problema existente y dar servicio a unas viviendas que existen». La entrada en vigor del nuevo PGMO será fundamental para dar solución a su problema.