Cajas solventes

La decisión del Gobierno de incrementar mediante decreto-ley el mínimo de capital básico con el que han de contar las entidades financieras hasta el 8%, e incluso más según las circunstancias que concurren en las cajas de ahorros, persigue asegurar la solvencia del sistema solvencia. El anuncio resultaba imprescindible para evitar que las especulaciones y la controversia pública se convirtieran en un problema añadido. La medida obligaría a convertirse en bancos solo a las cajas de ahorros que no sean capaces de capitalizarse hasta el mínimo que se señale en el mercado y se vean obligadas a recurrir al FROB, de modo que las acciones adquiridas temporalmente por éste en la nueva entidad bancaria permita al Estado participar en su gestión, debiendo vender esos activos antes de que transcurran cinco años. Pero cabe interpretar que representa también una invitación para que hagan lo propio aquellas entidades que deban realizar esfuerzos extraordinarios para llegar a ese 8% de «core capital» en el mercado o prevean dificultades en el mantenimiento futuro de tal exigencia. El Gobierno parece haber trazado una línea de separación entre las cajas más solventes o con mayor capacidad de atracción inversora y aquellas otras entidades que a su entender sería mejor que se convirtieran en bancos participados por el Estado. La primera incógnita, que se despejará coincidiendo más o menos con la aprobación del decreto-ley «a lo largo de febrero», es qué entidades pueden caer de este segundo lado según los resultados del ejercicio 2010, y cuáles de ellas tendrían verdaderas posibilidades de recapitalizarse por su cuenta en el horizonte del próximo otoño. En este sentido resulta imprescindible que la letra pequeña de la nueva norma sea consensuada en detalle con la CECA, de manera que su desarrollo permita integrar lo máximo posible la voluntad del sector. Pero igualmente importante es que en el consenso participen el PP y las formaciones con responsabilidad en las instituciones autonómicas para que la convalidación parlamentaria del decreto-ley lo fortalezca. En esta cuestión coincide el interés inmediato de mostrar a los mercados que España sigue velando por la solidez de su sistema financiero con la necesidad de que nuestra economía se dote de entidades que puedan financiar la reactivación porque no se encuentran atenazadas por problemas de práctica subsistencia.