en las cajas

El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, explicó ayer que el Gobierno ultima un plan, «que no tardará mucho en ser presentado», para acelerar el proceso de reestructuración de las cajas de ahorros en el que están trabajando la Confederación Española de las Cajas de Ahorros (CECA), el Ministerio de Economía y el Banco de España. Dicho plan tiene por objeto reforzar la solvencia de estas entidades, lo que exige intensificar su recapitalización, así como mejorar su credibilidad mediante un esfuerzo de transparencia, a través de la realización de nuevos test de estrés y la publicación al detalle de todos los activos inmobiliarios que están en el balance de las cajas. De momento, el Gobierno está trabajando en el contenido de estas medidas, pero no en la forma en la que se articularán. Fuentes solventes indican sin embargo que Economía creyó en un principio que las reformas financieras ya aprobadas y la puesta en marcha del fondo de reestructuración financiera -el FROB- serían suficientes para proceder al saneamiento definitivo de un sector que ha llevado a cabo un sustancioso proceso de fusiones que ha reducido las 45 cajas preexistentes a 17. Sin embargo, Moncloa y el Banco de España pensarían que es necesario ir más allá reforzando la normativa, acelerar la conversión de las cajas en bancos y reforzar su recapitalización, incluso fomentando la participación en ellas de capital público, es decir, la nacionalización parcial y temporal de algunas entidades. De hecho, en la presentación del FROB ante los mercados, se ha hablado de «nuevas reformas legales» para suscitar el interés de los inversores. Las cajas que han recibido ayuda pública han provisionado por valor de 26.000 millones de euros con cargo a fondos propios gracias a las plusvalías de activos conseguidas mediante las fusiones. Sin embargo, continúan teniendo cerrado el acceso a los mercados de capitales, que desconfían de su elevado endeudamiento, de su fuerte exposición al sector inmobiliario y del alza de la morosidad. Y el Gobierno no quiere exponerse a que la falta de energía en el saneamiento de ese sector termine repercutiendo en el riesgo-país y en la solvencia de la deuda soberana.