La familia del parricida había acudido a los juzgados para pedir ayuda

La muerte de Ildefonso Troya había sido anunciada. Las señales que alertaban de un posible final trágico no fueron captadas por una sociedad que sigue teniendo una asignatura pendiente con el tratamiento de los enfermos mentales. El cierre de los antiguos psiquiátricos no fue sustituido por medidas alternativas de atención en los casos que requieren de un ingreso permanente. En esa encrucijada se encontraban los padres de Enrique Alberto. Unos progenitores que habían viajado hasta Colombia hace años para adoptar a un pequeño de cuatro años, que en la actualidad no podían ni sabían controlar. Un día antes de morir, Ildefonso había acudido a los juzgados para pedir ayuda. Quería saber qué posibilidades legales había para obligar a su hijo a seguir un tratamiento médico. Se fue sin respuestas.

Ese mismo martes; es decir, hace solo tres días, la familia del joven le había comunicado su intención de ingresarlo en un centro de salud mental de Málaga. La madre relataría a los agentes, poco después de ver morir a su marido, que Enrique Alberto había digerido bien la noticia 24 horas antes. Pero nadie evitó que cuando estaban a punto de salir de viaje, agarrara un cuchillo de cocina y le asestara a su progenitor al menos tres puñaladas en el cuello.

Tomada la decisión de ingresar a su hijo, Ildefonso Troya acudió el martes a los juzgados de Chiclana para buscar alguna fórmula legal que obligara al presunto parricida, mayor de edad, a seguir un tratamiento médico. Se entrevistó con la fiscal de Chiclana y pudo saber que no existen apenas salidas más allá de incapacitarlo. Por desgracia, la intervención judicial se produce después de que se produzca algún incidente violento. Fuentes del Ministerio Público también confirmaron que no dio tiempo a abrir expediente alguno. Un día después, Ildefonso moriría a manos de su hijo.

Una noche

Enrique Alberto ha pasado una única noche en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil en Chiclana. Las diligencias elaboradas por los agentes encargados de la investigación no necesitaban de más pruebas. El joven de 22 años fue detenido junto al cuerpo de su padre. Aún llevaba consigo el arma del crimen y con ella había amenazado al guardia civil que logró reducirlo en el interior de la vivienda familiar. Los funcionarios tenían consigo todas las claves esenciales del caso.

Así, sobre las 9.45 horas de ayer, el joven de origen colombiano salía de los calabozos y era montado en un coche camuflado con las lunas tintadas. La jueza instructora del nº 4 de la localidad había dado la orden expresa de que no se captaran imágenes del detenido. Cumpliendo con esas instrucciones, la Guardia Civil cerró las puertas del cuartel mientras el chico era subido al coche. Con dificultad se vio a un chico que vestía una sudadera y pantalón vaquero. Una capucha le ocultaba la cabeza y poco más. Un cerco de agentes le acompañó hasta el vehículo para complicar aún más la tarea de los gráficos. Misión cumplida. De allí al Palacio de Justicia, donde el sospechoso se pasaría toda la mañana.

La jueza no lo recibió hasta pasado el mediodía. Sobre las cuatro, Enrique Alberto era devuelto al cuartel de la Benemérita. La instructora acababa de ordenar su inmediato ingreso en el pabellón psiquiátrico de la prisión de Sevilla II. Un furgón celular lo llevó hasta el centro, donde ha pasado su primera noche.

En este crimen, como indicaron fuentes de la investigación, lo más complejo no es esclarecer por completo un parricidio que para la Guardia Civil es un caso resuelto, sino cuál será el futuro de este joven con problemas mentales. En el país solo hay dos centros psiquiátricos penitenciarios, en Sevilla y en Alicante, que arrastran un crónico problema de saturación. El detenido no fue enviado al más próximo sino a un módulo específico de la última prisión inaugurada en Morón de la Frontera (Sevilla II).

Los funcionarios de prisiones llevan años denunciando cómo se utilizan las enfermerías de los recintos penitenciarios para alojar a los presos con trastornos metales, pese a que no hay recursos específicos de tratamiento para estos enfermos.