La reforma del sector público de la Junta sigue sin convencer

La reforma del sector público sigue sin convencer a los principales afectados, los empleados públicos. Al menos a sus representantes. Nueve agentes sociales comparecieron ayer en el Parlamento para dar su opinión sobre la propuesta de reducción de empresas públicas y su ordenación en una docena de agencias que contempla la ley que sustituirá al decreto del pasado julio. Todos los sindicatos comparecientes, incluidos los que defienden el decreto, CC OO y UGT, pusieron reparos. Todos coincidieron en algo, en la crispación entre los empleados públicos, pero discreparon en las culpas.

Dionisio Valverde (UGT) y Rafael Aljama (CC OO) coincidieron en achacar los enfrentamientos e incluso amenazas entre empleados a una «manipulación» interesada del proceso de negociación entre Junta y sus organizaciones. Recordaron que fueron los primeros en criticar el decreto cuando fue aprobado en julio, en su opinión con demasiada prisa y sin consultar con las centrales sindicales, lo que consideran un error de la Junta.

UGT y CCOO presentaron a los grupos políticos un documento conjunto con propuestas a la ley. Según Efe, entre las propuestas se encuentra la de reconocer la condición de empleados públicos a quienes presten sus servicios en las agencias empresariales, negociar con los firmantes del acuerdo los estatutos de funcionamiento de dichas agencias y el protocolo de integración de todo el personal.

Los sindicatos CSIF, Safja y Ustea creen que la crispación se debe a la inflexibilidad de la Junta por no derogar el decreto, pese a que el Gobierno andaluz ha congelado su aplicación hasta que se apruebe la ley. La responsable del CSIF, Alicia Martos, pidió que se escuche «a la voz de la calle», según Europa Press. Estos sindicatos han convocado una protesta para el próximo día 22 para exigir que se derogue el decreto. Ayer volvieron a insistir en que el texto es «inconstitucional». Alicia Martos insistió en la derogación «total»y «empezar de nuevo desde cero». Los sindicatos de funcionarios se oponen a que se consideren empleados públicos a los contratados en las empresas de la Junta que pasarán a convivir con funcionarios y laborales de la administración general en las nuevas agencias empresariales.

La principal organización de empresarios, por su parte, también criticó el modo de abordar la reforma mediante un decreto y pidió que se cuantifique el impacto de la misma. Durante su intervención, el secretario general de la CEA, Antonio Moya, lamentó que en el documento no tenga memoria económica. «Queremos conocer el alcance económico de la norma y el ahorro de gasto público que supone esta reordenación para evaluar su impacto», según recoge Europa Press.

La portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, también lamentó la crispación y, sobre todo, la «radicalización» de algunos funcionarios. Moreno pidió a estos que en lugar de protestas ofrezcan propuestas a la ley que se tramita en el Parlamento.