Vejer aprueba la legalización de más de 300 viviendas, dos hoteles y un centro comercial

El Ayuntamiento de Vejer de la Frontera ha aprobado en pleno la Ordenanza Reguladora del Proceso de Ejecución Urbanística, Edificación y Regularización en el ámbito del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de El Palmar. Dicha ordenanza es el instrumento legal que permitirá el inicio de la ordenación y la regularización de viviendas en el núcleo rural del litoral vejeriego.

Según explicó el Ayuntamiento de Vejer en un comunicado, en el pleno, que se celebró el pasado día 28, el alcalde, el socialista Antonio Jesús Verdú, y los miembros del equipo de gobierno expresaron su satisfacción y aludieron a las «dificultades» encontradas en el camino y a la «lentitud» en la tramitación administrativa del Plan, que ha durado «casi ocho años». Por ello, han calificado esta aprobación de «acontecimiento histórico para el municipio». El regidor detalló que la Ordenanza posibilitará la clasificación de unos 420.000 metros cuadrados como suelo urbano consolidado, la regularización de más de 300 viviendas y la construcción de otras 100 viviendas nuevas, dos hoteles medianos, alojamientos rurales y un centro comercial. Asimismo, la Ordenanza establece las obligaciones legales de los propietarios de suelos, de acuerdo con la normativa urbanística vigente.

En este sentido, apuntó que los vecinos deberán pagar alrededor de 60 euros por cada metro cuadrado de finca, aunque cada caso deberá estudiarse de forma concreta. En esta cantidad se incluyen las obras de urbanización y las cantidades en metálico sustitutivas de los deberes de cesión de suelo.

Por otro lado, el equipo de gobierno no ha ocultado su «asombro» por el voto contrario del PP y su «actitud negacionista del desarrollo de este sector de El Palmar». Subraya que, hasta ahora, el PP había mantenido una posición «ambigua», quedando ahora «desvelada su posición de rechazo al desarrollo de este núcleo del litoral», lo que, según apunta, «tratan de justificar en que los costes son muy elevados, en contra de la opinión de técnicos y personal competente de la Administración municipal y autonómica».