El gobierno local dio el visto bueno a la ponencia en octubre de 2007

La polémica del 'catastrazo' dio sus primeros pasos el 4 de octubre de 2007, cuando Pilar Sánchez firmó el documento que recogía todas las bases definitorias del impuesto.

Entre los puntos más destacados del escrito, pueden leerse las cláusulas que regularían la oscilación de su valor respecto al precio del mercado. Se precisa que, en el momento de la aprobación, estos valores se situaban en un 14'7%, aunque ya se adelantaba que un año más tarde aumentaría hasta el 50%. Precisamente en este punto se sustentan varias críticas de los activistas de la Plataforma contra el Catastrazo, que en palabras de Juan Manuel Sánchez «hoy por hoy la ponencia de valores supera en muchos casos ese 50%».

Además, el documento concreta la delimitacion de los suelos implicados, los criterios de división del municipio y las zonas de valor, estas últimas forjadas a partir de áreas económicas homogéneas.

La reciente solicitud de una revisión del documento se basa, según ha explicado la alcaldesa, en tres aspectos que le restan actualidad al escrito. El primero es que los nuevos valores entraron en vigor el 1 de enero de 2008, por lo que en el actual Plan General de Ordenación Urbana, aprobado con posterioridad, no ha tenido reflejo.

El segundo argumento de la edil es que la situación inmobiliaria de los años 2006 y 2007 no tienen ninguna relación con la situación actual, en la que los precios de venta de los bienes inmuebles son inferiores a los de entonces.

Por último, Sánchez se apoya en la sentencia del 14 de abril de 2010 del TSJA, que estimó parcialmente un recurso individual contra los valores catastrales. No obstante, esta sentencia no cuestiona la ponencia, sino actos concretos de la aplicación de la misma.