DESIGUAL Y A LA ESPERA

La tan esperada reforma laboral se ha saldado con un resultado desigual, pendiente de cuál pueda ser su evolución durante su tramitación como proyecto de ley hasta el otoño. De momento, la reforma avanzada ayer por el Gobierno apunta algún cambio importante, especialmente por lo que hace referencia a la flexibilidad interna, al fomento de alternativas al despido en caso de necesidades de mercado y a una futura evolución en la distribución de los costes indemnizatorios en caso de despido.

Al menos de momento, todavía no es posible referirnos a un cambio estratégico y moderno de nuestro sistema de relaciones laborales, aspecto éste importante, sobre todo teniendo en cuenta que nunca una reforma laboral había generado tantas expectativas dentro y fuera de nuestro Estado. Y éste no es un aspecto baladí, ya que la reforma laboral no debería dirigirse a resolver el problema del paro o a contentar a nuestros socios europeos y dar tranquilidad a los mercados financieros.

Este es un objetivo falaz e interesado, que poco contribuye al desarrollo del discurso que, por el contrario, sí que debe ser el verdadero revulsivo: la reforma laboral debería marcar un punto de inflexión y sentar las bases de un nuevo modelo de organización del trabajo, basado en el desarrollo y la competitividad (flexibilidad), pero también en la sostenibilidad, la ocupabilidad y el respeto básico a los derechos fundamentales de los trabajadores (seguridad).

Las modificaciones en materia de intermediación pueden actuar como motor para la mejora y agilidad de los procesos de rotación al empleo, que acabarán modulándose en función de cuál pueda ser el interés que las empresas privadas tengan en el 'negocio' de la intermediación y en el papel de liderazgo y coordinación que, en su caso, puedan tener los Servicios Públicos de Empleo.

Las modificaciones en materia de despido son, todavía, discretas y no responden al tan demandado interés de eliminar la inseguridad que se genera con la diversidad de pronunciamientos judiciales en los litigios por extinción del contrato de trabajo. En este terreno, también es preciso destacar que no se trata de eliminar la tutela judicial, que como sabemos es un derecho fundamental reconocido en la Constitución española, sino dotar de seguridad jurídica determinadas decisiones empresariales. Pueden parecer muchas incógnitas. Pero, haciendo la lectura en positivo que exigen las circunstancias, ahora se abre la puerta para que los partidos políticos trabajen realmente en interés de todos.