El juez de 'Gürtel' pide socorro a Hacienda

El 'caso Gürtel' se ha convertido en una madeja difícil de desbrozar. El sumario ya supera los 100.000 folios y cada día entran en el juzgado una media de diez informes o recursos de lo más complejo. El juez Antonio Pedreira no da abasto y para seguir buceando en las complejas aguas de los negocios de Francisco Correa necesita ayuda, y que sea cualificada. La gota que colmó el vaso fue el informe del pasado 6 de mayo, en el que Hacienda comunicó que hay indicios no sólo de financiación ilícita del PP valenciano, sino también de presuntas irregularidades contables en la formación cercanas a los 2,5 millones de euros sólo en 2007.

Ese mismo día, Pedreira pidió socorro y solicitó a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) que le enviara cuanto antes a un primer funcionario, «con categoría de inspector», para que «por el tiempo que sea necesario preste apoyo a la Unidad de Auxilio Judicial en las labores de análisis, revisión y clasificación documental». Pedreira, en su resolución, justificaba esta petición, no demasiado habitual, por «el volumen adquirido en estas actuaciones, su complejidad, la innumerable documentación recibida y la que se seguirá recibiendo».

Cinco días después -el pasado martes, cuando salió a la luz el informe de Hacienda- cambió de opinión y pidió al Tesoro que, en lugar de uno, enviara a su juzgado «por lo menos» a dos inspectores para hacer frente a la avalancha de datos fiscales y cuentas pendientes de analizar.

Según informaron fuentes judiciales, la decisión de Pedreira de incorporar de forma permanente a dos inspectores a la Unidad de Auxilio Judicial, en la que ya hay al menos un funcionario de la Intervención General del Estado, está «íntimamente relacionada» con el ingente volumen de información sobre contratos y cuentas que está aflorando en la Comunidad Valenciana.

Sólo el informe preliminar de Hacienda, en el que se apuntaba la financiación ilícita del PPCV a través de «donaciones» no declaradas de empresarios afines, tenía anexos con 200 páginas de tablas que apenas sí han podido analizarse. Y esos datos son sólo de 2007. Nada ha visto Hacienda de los otros cinco ejercicios a los que la Intervención General del Estado ha puesto bajo sospecha: 2004, 2005, 2006, 2008 y 2009.

Confirmar sospechas

Responsables de la investigación explicaron que los refuerzos de la Agencia Tributaria tendrán que confirmar si las numerosas irregularidades contables de Orange Market en sus facturaciones al PP de Valencia también se reflejaron en la contabilidad de esa formación política, como aseguraba Hacienda.

Por el momento, ni las cuentas del PPCV ni las de la Generalitat han sido auditadas por los expertos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. Contra uno de los funcionarios de este departamento, el que redactó el informe que revelaba la supuesta financiación ilícita, se ha querellado por falsedad en documento oficial y prevaricación el PP.