España se enfrenta a un ajuste demoledor
El Gobierno recorta los sueldos de los empleados públicos, congela las pensiones y «no descarta» subidas adicionales de impuestos
MADRID. Actualizado: Guardar«Se acabó el ZP social». La frase, pronunciada por el diputado de ERC Joan Ridao, resume el trasfondo del plan que el presidente del Gobierno presentó al Congreso de los Diputados para recortar el déficit público en 15.000 millones de euros entre 2010 y 2011, desde el actual 11,2% del PIB hasta el 6%. El grueso del ajuste caerá sobre los empleados públicos, que sufrirán una bajada media del 5% en sus salarios este año, y sobre los pensionistas, cuyas pagas serán congeladas el próximo.
Completan el programa de austeridad, que el Ejecutivo prevé aprobar por decreto el viernes de la semana que viene recortes en inversiones y ayuda al desarrollo, limitaciones a la dependencia, la supresión del 'cheque-bebé' y ahorros adicionales en comunidades autónomas y ayuntamientos. El sacrificio podría no acabar aquí. El presidente abrió, además, la puerta a nuevas subidas de impuestos a las rentas más altas por razones de «equidad». Esa segunda vuelta de tuerca se conocerá cuando el Ejecutivo siente las bases de los presupuestos para el año próximo.
José Luis Rodríguez Zapatero había prometido que esta crisis no la pagarían los trabajadores y que no impulsaría recortes en derechos sociales. Pero ayer cruzó de golpe muchas de las fronteras que él mismo había trazado y se convirtió en el primer presidente de la democracia que decreta una bajada de sueldos. En 2010, las retribuciones del personal del sector público disminuirán de media un 5%, y en 2011 quedarán congeladas.
La reducción tendrá un carácter gradual, de forma que las retribuciones más bajas sufrirán recortes menores. Los mayores tijeretazos afectarán a los miembros del Gobierno, cuyos sueldos disminuirán un 15%. Al resto de altos cargos les afectará la progresividad y experimentarán recortes del entorno del 12% o 13%. El Gobierno pretende ahorrar con esa medida 2.400 millones, pero las economías podrían ser mayores si a ella se suman las comunidades autónomas y ayuntamientos, extremo que propondrá en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, explicaron fuentes del Ejecutivo. Varios grupos políticos, entre ellos CiU, PSOE y Nafarroa Bai, propusieron durante el debate recortar en igual proporción los sueldos de diputados y senadores.
«No es fácil para el Gobierno aprobar estas medidas», subrayó el jefe del Ejecutivo, que anunció también una congelación en 2011 de todas las pensiones -que desde 1997 se habían revalorizado anualmente- salvo las mínimas y las no contributivas. Los dependientes también sufrirán su parte, al quedar suprimida la retroactividad en el pago de prestaciones por dependencia al día de la prestación. En paralelo, se establecerá un plazo de seis meses para resolver las peticiones, cuyo incumplimiento llevará aparejada la retroactividad desde esa fecha. También las futuras madres se verán afectadas, pues desaparecerá la prestación por nacimiento de 2.500 euros -el llamado 'cheque-bebé'-, de la que quedarán excluidas las mujeres que den a luz desde el 1 de enero de 2011.
Recaída de la actividad
Rodríguez Zapatero admitió que los recortes, a su juicio «imprescindibles» y de «lo más equitativo posible», tendrán como consecuencia una reducción de la demanda, que afectará al PIB. Por ello, estimó que el crecimiento del año que viene será unas décimas inferior al 1,8% previsto en el programa de estabilidad. Los expertos van más allá y avisan de que podría provocar una recaída de la actividad, que en el primer trimestre repuntó un mínimo 0,1%. No obstante, el Ejecutivo prefiere priorizar la reducción del déficit para aplacar a los mercados. Su reducción al 6% en 2011 «será un factor de credibilidad, confianza y tranquilidad para los inversores», auguró el presidente.
El plan de ahorro endurece también el acceso de los trabajadores a la jubilación parcial, modalidad de retiro enormemente costosa para el sistema. Contempla una reducción drástica en inversión pública estatal, por importe de 6.045 millones, y de los gastos en farmacia mediante una revisión del precio de los medicamentos y a través de la adecuación del número de unidades de los envases a la duración de los tratamientos. Asimismo, plantea una reducción en 2010 y 2011 de 600 millones en las partidas de ayuda oficial al desarrollo y un ahorro adicional de 1.200 millones por parte de las comunidades autónomas y entidades locales.
El Gobierno quiere aprobar estas medidas mediante real decreto ley el 21 de mayo para su entrada en vigor inmediata. No obstante, el programa tendrá que ser refrendado por el Parlamento. Paralelamente, hoy examinará el techo de gasto para los Presupuestos de 2011 y revisará el Plan de Austeridad 2011-2013, al efecto de incorporar las últimas decisiones. Pese al carácter demoledor del ajuste, el presidente resaltó que los recortes no afectan a partidas relacionadas con sanidad, educación y prestaciones por desempleo, consideradas los fundamentos del Estado de Bienestar.
Los grupos de izquierda criticaron que el recorte se realice sólo por la vía del gasto y no incluya medidas fiscales para mejorar la recaudación. Medidas como subidas de impuestos a los más ricos que, según Rodríguez Zapatero, «el Gobierno no descarta» por estar «convencido de que el reparto del esfuerzo que la sociedad tiene que hacer requiere más equidad y exige un mayor sacrificio de aquellos que más tienen». «El Gobierno está convencido de ello y por tanto hablaremos y dialogaremos con los diferentes grupos parlamentarios», aseguró en respuesta al portavoz de ICV, Joan Herrera, que reclamó un sistema fiscal más progresivo.
