La plataforma de la Escuela de Enfermería se plantea denunciar al rector por prevaricación

El colectivo ciudadano se une a Pascual y solicita una Facultad de Medicina para Villamartín y que se permita la homologación de la otra iniciativa por parte de una universidad portuguesa. La plataforma Escuela de Enfermería de Villamartín está dispuesta a llegar hasta el final con el rechazo de la Universidad de Cádiz a este proyecto. Para ello ha anunciado que está estudiando la posibilidad de denunciar al rector de la institución educativa, Diego Sales, por prevaricación. En concreto, acudirán a los servicios jurídicos de la Mancomunidad para estudiar el hecho de que la UCA si diera luz verde al proyecto de la Escuela de Enfermería privada Salus Infirmorum de Cádiz a pesar de «contar con menos profesores que el proyecto serrano», aseguran.

No obstante, este colectivo de jóvenes dan por perdida la batalla de la adscripción de este centro puesto que «ya nos han dicho claro que no van a homologarla», destacó una de sus portavoces, Cristina Alpresa. Centrándose actualmente en que el consejero de Economía, Antonio Ávila, permita que la Escuela de Enfermería serrana se pueda adscribir a una universidad portuguesa.

20% de alumnado, serrano

Al mismo tiempo, también han decidido seguir los pasos que anunció el gerente de la empresa Pascual, José Manuel Pascual, y solicitar a la universidad gaditana que permita que se cree la Universidad de la Sierra, con la oferta del título de Medicina en el centro que ha construido la Fundación Pascual. David Tinoco, otro de los portavoces de la plataforma, destacaba que «estas instalaciones se encuentran perfectamente preparadas para acoger esa facultad de medicina, la escuela y los otros usos que están previsto que se le de al local».

La plataforma destacó que en la nueva facultad, que tendría carácter privado, la Fundación Pascual tiene pensado reservar un 20% de las plazas a alumnos de la Sierra que cumplan los requisitos académicos necesarios para acceder a esta formación. Los miembros de este colectivo consideraron que la decisión del Consejo Social de la UCA del pasado día 4 de no apoyar este proyecto fue «a todas luces injusta». Asimismo destacan que la misma se basó sólo en las ideas que expuso el recto aunque «no se justificaron con documentos y estudios dichas decisiones», destacan. Todo ello a pesar de que ellos mismos mantuvieron encuentros con algunos de los miembros de este consejo para exponerles su visión sobre el proyecto. Además, Tinoco destaca que «resulta irónico e ilógico que el Consejo Social no se haya tomado en serio este tema que pedimos los ciudadanos porque ni siquiera se han preparado la reunión». En cuanto a los actos de protesta, anunciaron que se está preparando una manifestación en Villamartín aunque antes se llevará a cabo una campaña de divulgación y comunicación en los municipios serranos, por lo que aún no se ha concretado la fecha de celebración de la misma. Además, han anunciado la organización de un concierto solidario para que los jóvenes de la provincia puedan conocer mejor a la comarca. Para ello han anunciado que van a repartir bonos en los comercios del municipio para recabar fondos para organizar esta iniciativa.

En cuanto a movimientos políticos, la plataforma sigue pendiente de tener una reunión con el consejero de Gobernación, Luis Pizarro, para solicitarle su apoyo a las iniciativas que plantean. Asimismo, quieren mantener un nuevo encuentro con el presidente de Diputación, Francisco González Cabaña, para solicitarle su apoyo en cuanto a la autorización de la adscripción a la universidad portuguesa. El responsable comarcal de la Unión General de Trabajadores, José Antonio Rodríguez, quiso responder al parlamentario andaluz de IU, Ignacio García, con respecto a que estas iniciativas supondrían generar mano de obra barata para la empresa. Al respecto recordó: «llevamos 30 años de democracia y España está bien estructurada política y sindicalmente y los sindicatos seguimos velando para garantizar los derechos laborales de los trabajadores».

Rodríguez recordó que en este caso son UGT, CC OO y el Satse los que llevan a cabo la negociación colectiva con la empresa Pascual y aseguró que «esta empresa, probablemente, tiene uno de los mejores convenios colectivos sanitarios en Andalucía». Destacando que ellos son garantes de que no se hagan infracontrataciones ni que no se respeten los derechos laborales, por lo que «este argumento no se puede utilizar para rechazar estas iniciativas», consideró.