El tribunal prepara otro intento de sentencia antes de las elecciones

Los magistrados del Tribunal Constitucional, pese a saberse en el ojo del huracán político, continúan con su trabajo para tratar de resolver el recurso presentado hace tres años y medio por el PP contra 125 aspectos del 'Estatut'. No sólo no lo han paralizado las discusiones sino que, incluso, no descartan hacer un último intento para dictar sentencia antes de que se les eche encima el verano y tengan que cortar las deliberaciones para no interferir en la campaña de las catalanas, cuyos ciudadanos acudirán a las urnas entre octubre y noviembre.

Tras el fracaso del quinto borrador de fallo, que el pasado 16 de abril no logró convertirse en sentencia al oponerse a su contenido los cinco jueces conservadores del tribunal y el progresista Manuel Aragón, la ponente, la también progresista Elisa Pérez, tiró la toalla y renunció a elaborar una sexta propuesta, que creía condenada al fracaso. Las negociaciones, llevadas en las horas previas al pleno hasta la extenuación, dejaron claro que el intento de dictar una resolución benévola con el 'Estatut', que sólo anulase 15 aspectos del texto y marcase condiciones restrictivas para el desarrollo de otros 25, no era posible con la actual composición del tribunal.

Ante el bloqueo de las deliberaciones, la presidenta, María Emilia Casas, optó por un cambio radical de estrategia y encargó la elaboración de la nueva propuesta de sentencia, la sexta, al vicepresidente y magistrado conservador, Guillermo Jiménez. Jiménez encaró el encargo con diligencia. No ha parado de dar forma a la ponencia desde entonces con la intención de presentar pronto al resto de los magistrados una propuesta de sentencia que, a falta de conocer los detalles, será sin duda bastante más dura con el 'Estatut' que la derrotada. De hecho, podría colocar en el lado de los elementos declarados inconstitucionalidades al menos el término «nación» contenido en el preámbulo del documento, los «símbolos nacionales» (himno, Diada y bandera) del artículo 8, y algunos aspectos de los artículos relativos al deber de conocer y usar el catalán, todos ellos considerados puntos esenciales del proyecto para los partidos catalanes.

Su ponencia, a la que casi con toda seguridad se opondrán la presidenta y otros tres magistrados progresistas, sólo saldrá adelante si logra aglutinar el voto de sus cuatro colegas conservadores y de Aragón. La maniobra, en la que Jiménez ya trabaja con las primera reuniones, no parece fácil porque al menos tres de los magistrados conservadores quieren ilegalizar muchos más artículos del 'Estatut' de los que él está dispuesto a anular. Si el ponente se excede en las concesiones a los conservadores podría perder el voto de Aragón, lo que le dejaría de nuevo en minoría.