Gallizo acusa a la cúpula de Meco de no actuar ante los abusos

La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, no descartó ayer que haya habido relaciones sexuales a cambio de favores entre funcionarios y reclusas de la cárcel de mujeres Madrid I, cuya dirección fue cesada por no actuar ante «comportamientos manifiestamente deleznables».

La responsable de prisiones explicó, en rueda de prensa, que su departamento tuvo conocimiento de las irregularidades en Alcalá Meco (ahora Madrid I) a finales de 2009 y que fue a principios de enero cuando una funcionaria informó de la introducción de alcohol en el recinto.

Ya en abril, otra funcionaria informaba de una nueva irregularidad: un guardia fue sorprendido entrando en la celda de una reclusa durante la noche, un hecho «extremadamente grave», según Gallizo. A partir de esta denuncia, sumada a la anterior de enero, se adoptaron las medidas necesarias que finalmente condujeron a la destitución del director, el subdirector y el administrador de la cárcel de mujeres, y a la apertura de expedientes disciplinarios a dos funcionarios de esta prisión, suspendidos también de funciones.

La adopción de estas medidas cautelares obedeció a que, según Gallizo, la dirección no actuó con la «celeridad necesaria» ni con «el altísimo nivel de exigencia» propio de Instituciones Penitenciarias ante la sospecha de esas conductas irregulares. «No descarto que se haya producido nada», respondió la reponsable de Prisiones al ser preguntada por la posible existencia de relaciones sexuales entre las reclusas y algunos funcionarios a cambio de prebendas, aunque sí dijo que no hay constancia de que se tratara de facilitar drogas a las internas.

La secretaria general, que remarcó que «no estamos dispuestos a transigir con ningún comportamiento irregular», justificó la contundencia de las medidas adoptadas y dijo que, temporalmente, se encuentra como director en funciones un miembro de la Inspección Penitenciaria que está investigando estos hechos.

En cualquier caso, dejó claro que se trata de actuaciones completamente aisladas e individuales que nada tienen que ver con el «buen nombre» de los 25.000 trabajadores de Instituciones Penitenciarias, que en su inmensa mayoría son funcionarios «honorabilísimos». Y prometió, en este contexto, «mano dura» con los comportamientos irregulares.

Mercedes Gallizo solicitará comparecer en el Congreso de los Diputados para informar de los hechos y de las medidas adoptadas.

Durante la misma rueda de prensa, Gallizo negó cualquier relación de estas irregularidades con la aplicación de la Ley de Igualdad, que ha conllevado la unificación de escalas y el acceso de hombres a los puestos de funcionariado en las cárceles de mujeres.