La crisis dispara los desahucios

Tomarle el pulso al sector de la vivienda resulta decisivo para evaluar el estado en el que se encuentra la economía de una ciudad. El que en este campo se empiecen a suceder situaciones problemáticas será un síntoma inequívoco de que la salud financiera del municipio no pasa por su mejor momento. En el caso de Jerez, existe un dato que evidencia la catástrofe: en sólo dos años, los desahucios se han multiplicado más de un 57%, como puso ayer de relieve la portavoz del PP local, María José García-Pelayo.

En concreto, si en 2007 se produjeron 143 órdenes judiciales en este sentido, en 2008 la cifra alcanzó las 242, mientras que 2009 se cerró con 250. Algo que, como en el caso de los embargos, todo indica que continuará en progresión ascendente debido a una serie de razones que parten de un denominador común: los déficits económicos de muchas familias jerezanas que hacen imposible el pago del alquiler o de la hipoteca en tiempo y forma.

Por ello, los populares presentarán una batería de propuestas en el próximo pleno centradas en el sector de la vivienda y siempre orientadas a una mejora en las condiciones que haga más fácil el acceso y el mantenimiento de sus inmuebles a los ciudadanos. La primera de ellas pasa por instar al Ayuntamiento a que firme acuerdos con las entidades bancarias para que la falta de pago de la hipoteca no suponga de manera inmediata el embargo de la vivienda.

A través de esta iniciativa, que según los populares ya se está llevando a cabo en otras ciudades, se crearían seguros que garantizasen el abono de estas cantidades. «Lógicamente es algo costoso -reconoció García-Pelayo-, por eso queremos que se haga a través de un acuerdo en el que participe la Junta de Andalucía y que permita cierta tranquilidad a los propietarios. Así el Ayuntamiento también contaría con una herramienta para evitar problemas futuros».

En el caso de los alquileres, desde el PP proponen que tratándose de promociones pertenecientes a Emuvijesa (Empresa Pública de la Vivienda) se establezcan moratorias si por una situación de desempleo o de extrema necesidad económica el inquilino no puede pagar la renta. «Sería un paso solidario para solventar problemas sociales», incidió.

Establecer precios máximos

Como tercera propuesta, aludió a la necesidad de que el Consistorio garantice que los precios máximos tanto de inmuebles en propiedad como arrendados no superen los límites establecidos en la nueva Ley del Derecho a la Vivienda. Si se trata de propiedades, el ciudadano no deberá aportar para el pago más de un tercio de sus ingresos, mientras que en régimen de alquiler no tendrá que abonar más de un cuarto.

Una vez que el desahucio o el embargo sea un hecho, García-Pelayo apuesta por que la Administración local cree un parque de viviendas que sean destinadas a estas necesidades sociales. Como apuntó, en dos años el Plan General de Ordenación Urbana prevé la construcción de 2.289 inmuebles, por lo que el 3% de éstos (unos 70) tendría que ser reservado para tal fin. En la actualidad, el citado parque municipal tiene apenas diez construcciones, lo que unido a las que solicita el PP haría que el Ayuntamiento contara con una bolsa de 80 viviendas.

«El objetivo es que nadie se quede en la calle. Y no hablamos de los que tienen derecho a un cupo de viviendas como el caso de las víctimas de violencia de género o emigrantes retornados, sino a una reserva social. Además, así el Consistorio no tendría que pagar pensiones, hostales y demás. Así sería mejor y más digno para el ciudadano».

Junto a estas propuestas, la formación presentará en el pleno otras iniciativas como el atraso del proyecto del tranvía hasta que se solvente la deuda con Cojetusa (cabe recordar que a las administraciones local y autonómica les costará 100 millones de euros y el Ayuntamiento deberá financiar la construcción); que se dedique el gasto de los asesores a necesidades sociales y consensuar un plan de movilidad que satisfaga a comerciantes y vecinos.