Zapatero defiende al Constitucional ante el embate de las fuerzas catalanas

Cinco días después de que el grueso de la clase política catalana, con el 'president' José Montilla a la cabeza, abriera una campaña destinada a poner en duda la legitimidad del Tribunal Constitucional y forzar su renovación, José Luis Rodríguez Zapatero puso pie en pared.

El presidente el Gobierno aprovechó la sesión de control en el Congreso para defender con contundencia la institución y pedir «respeto» por su tarea. Fue firme, pero también eludió todo tono de amonestación. El jefe del Ejecutivo ha trasladado a los suyos su preocupación por el hecho de que se cuestione un órgano de la importancia del Constitucional, pero en su entorno más cercano esgrimen que en esta batalla, abierta a raíz del último intento fallido del tribunal para acordar una sentencia, cada cual desempeña «el papel» que le toca.

Justifican así la fuerza con la que Montilla ha arremetido estos días contra los «árbitros» del sistema jurídico, aunque también advierten de que sus protestas caerán en saco roto y reclaman que no se traspasen ciertas líneas. El presidente de la Generalitat llegó a decir en una entrevista en la Cadena Ser que el actual Constitucional es «sospechoso de estar vendido» al PP.

Zapatero -obligado a preservar la figura del máximo intérprete de la Carta Magna, pero también de evitar un choque institucional con el presidente de una comunidad autónoma que, para más inri, es clave de su éxito electoral- afeó con suavidad la estrategia del PSC, que es también la de Iniciativa per Catalunya y CiU. «La renovación es hoy tan urgente -dijo- como lo era hace un mes o hace seis meses y es tan urgente como lo será dentro de dos meses».

No fue su única réplica a las protestas que ahora, repentinamente, han decidido exacerbar los partidos catalanes. También dejó caer que aprobar el Estatuto de Cataluña «costó un gran esfuerzo» y «seguramente, más de cuatro intentos de acuerdo».

Es decir, que los políticos encontraron dificultades para llegar a un consenso como ahora los magistrados. Pero, sobre todo, Zapatero exigió que no se les atribuya un pecado que no les corresponde. «El Tribunal Constitucional -remarcó- no es el responsable de que no se haya producido la renovación; somos nosotros los responsables», en referencia a los propios socialistas y al PP.

Respetar la ley

Rechazó pues la afirmación formulada por el portavoz de ICV, Joan Herrera, durante su pregunta en la sesión de control, en la que acusó a cuatro magistrados de «no respetar la ley ni la Constitución que dicen defender» por haber excedido ya en dos años y medio su mandato. Rodríguez Zapatero subrayó, además, que, en tanto PP y PSOE no sean capaces de llegar a un consenso para su sustitución tienen «plena legitimidad».

El acuerdo es prácticamente imposible a no ser que el PSOE acepte los dos únicos candidatos propuestos por el PP -el ex presidente y el ex portavoz de Poder Judicial, Francisco José Hernando y Enrique López- y se pliegue a que el sustituto del magistrado del Constitucional fallecido Roberto García Calvo sea un conservador. Sin embargo, Rodríguez Zapatero renunció a decir abiertamente que no habrá recambio antes de que el tribunal falle sobre el 'Estatut'.

El único miembro del PSOE que, hasta la fecha, se había atrevido a hacer una insinuación semejante, José Blanco, se había convertido en todo tipo de críticas internas.

El hecho de que el vicesecretario general de los socialistas admitiera que coincide con Mariano Rajoy en que acometer ahora la renovación sería como cambiar las reglas de juego a mitad de un partido fue tan mal visto que la secretario de Organización, Leire Pajín, lo atribuyó a una opinión personal, y Montilla puso en duda que esa fuera la posición del partido.

De hecho el también ministro de Fomento acabó rectificando este miércoles y se sumó a la afirmación de Rodríguez Zapatero de que la situación de los magistrados del Constitucional que han agotado su mandato es ahora tan urgente como hace unos meses.