Decididos a cobrar las multas por construcciones ilegales

Poner punto y final a las construcciones ilegales. Ese es uno de los objetivos que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Arcos se ha marcado como una prioridad inmediata. La permisividad de años anteriores ha provocado la proliferación de diseminados rurales y casas construidas en suelo rústico a lo largo y ancho del término municipal, cosa con la que se quiere acabar desde el Consistorio.

La última vuelta de tuerca que se ha dado, en este sentido, ha sido la creación de un documento que recoge las normas de valoración sobre construcciones ilegales sin ningún tipo de licencia municipal. El delegado municipal de Urbanismo, Joaquín Macías, ha adelantado que el Pleno tendrá que valorar esta iniciativa que, además, pretende que los propietarios de estas construcciones hagan frente a las sanciones.

Macías asegura que la propuesta se ha consensuado con representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos y todos han considerado que hay que poner algún tipo de freno a la situación. Por ello, se ha adelantado que las multas se harán pagar a los vecinos aunque «se les dará facilidades para que lo hagan, pudiendo incluso aplazarlas hasta unos 66 meses», destacó el responsable de Urbanismo.

El delegado municipal entendió «de justicia» que se exija a los infractores el pago de estas indemnizaciones al Ayuntamiento porque «supone un agravio comparativo para los vecinos que pagan todas las tasas e impuestos para construirse una vivienda». No obstante quiso dejar claro que el cobro de la sanciones no supondrá, en ninguno de los casos, que «automáticamente se legalice ningún tipo de construcción», sino que simplemente se exige a los vecinos que hagan frente a su responsabilidad por construir en una zona donde esté permitido hacerlo.

El documento que se ha redactado establece unas normas de valoración muy parecidas a las que emplea el Instituto del Catastro para las construcciones en el diseminado rural del municipio. Para ello se tendrán en cuenta algunos coeficientes correctores en función de la localización, el uso característico de esa construcción y la calidad constructiva de la edificación, en función de los metros cuadrados construidos sin licencia municipal.