Peligra el 'caso Gürtel'

El hecho sin precedentes de que el Supremo haya admitido a trámite una querella contra Garzón por supuesta prevaricación al haber ordenado escuchas a los imputados del 'caso Gürtel', mientras hablaban en prisión con sus abogados, lanza sólidas dudas sobre el futuro del procedimiento abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la trama de corrupción dirigida presuntamente por Francisco Correa. Lógicamente, los imputados afectados por dichas escuchas ya han presentado recursos en los que plantean la anulación de todas las actuaciones. Y el Colegio de Abogados de Madrid se ha personado también en la causa, para salvaguardar -dice- el derecho de defensa. El instructor actual del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Madrid, el magistrado Antonio Pedreira, ha decidido paralizar la instrucción del vasto sumario que heredó de Garzón hasta saber si los tres magistrados de la Sala de lo Civil y Penal, que han de resolver los recursos, dan o no por buenas esas escuchas a miembros de la trama corrupta. En concreto, la Justicia deberá determinar si se ha violado o no el derecho de defensa a la luz del art. 51.2 de la Ley General Penitenciaria, que avala tales escuchas «con autorización judicial y en supuestos de terrorismo», así como del art. 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite interferir el secreto profesional de los abogados cuando existen indicios de que éstos están cometiendo un delito. El Supremo ha desarrollado este criterio en diversas sentencias, que son las que maneja la Fiscalía Anticorrupción para defender la legalidad de las actuaciones. La anulación de algunas de las pruebas podaría en cascada buena parte del sumario según la conocida «teoría del árbol envenenado». Y si tal sucediera, la responsabilidad principal del desastre judicial correspondería al juez que se hubiera saltado las garantías procesales. De cualquier modo, la opinión pública no entendería que unos gravísimos episodios de corrupción que hieden a distancia no pudieran ser esclarecidos y castigados por algún defecto de forma. Máxime cuando la política ha empezado a hacer acto de presencia en los subterráneos de estos indecorosos episodios, en que el Poder Judicial se juega su prestigio.